Los gobernadores de Sinaloa, Baja California, Baja California Sur, Nayarit y Sonora que integran la llamada Alianza del Pacífico podrían hacer común el propósito de que el gobierno federal ajuste a los concesionarios de las autopistas que cruzan dichos estados para que realicen el mantenimiento y reparación y estén acordes las altas tarifas de peaje que aplican al servicio que los usuarios merecen.
A partir del pronunciamiento que realiza el gobernador de Durango, Esteban Villegas Villarreal, quejándose del abandono en que está la carretera que conecta a la capital de ese estado con el puerto sinaloense de Mazatlán, enfatizando en que “no está tan baratita la caseta”, el pacto de entidades colindantes con el Mar de Cortés significaría mayor fuerza para solucionar el problema ante el cual la federación reacciona indiferente.
En Sinaloa, por ejemplo, en el tramo Culiacán-Mazatlán de la mal llamada maxipista a diario se registran percances debido al deterioro de la carpeta asfáltica que provoca choques, volcaduras y desperfectos mecánicos que se traducen en personas heridas o pérdida de vidas humanas, que en sí son motivo suficiente para que las autoridades en materia de comunicaciones y transportes obliguen al concesionario Carlos Slim, el empresario consentido del presidente Andrés Manuel López Obrador, a que haga lo correspondiente para que sean seguras las carreteras que opera.
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El gobernador Villegas Villarreal señala que los túneles de la Mazatlán-Durango están a oscuras y la seguridad de la carretera no se encuentra en las mejores condiciones para los viajeros. ¿Se animarán los mandatarios estatales de Sinaloa, Rubén Rocha Moya; Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda; Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío; Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero y de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, a exigir que se privilegie la integridad física de los usuarios de las autopistas por encima de la voracidad de los concesionarios?
Es necesario que los gobiernos integrantes de la Alianza del Pacífico realicen el diagnóstico verídico de la situación en que están las autopistas y en función de ello determinen las medidas que se requieren, anticipándose con ello a accidentes que se traducen en decesos y lesionados de personas que pagan tarifas caras por utilizar dichas vías.
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Cuidado con las consecuencias que afrontarían en caso de continuar pasivos en este tema, sólo por no incomodar al régimen autodenominado Cuarta Transformación.
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