La toma de instalaciones de Petróleos Mexicanos en Los Mochis y Guamúchil por parte de productores de maíz y trigo que exigen mejores precios y condiciones de comercialización de sus cosechas, simbolizan el agotamiento de la confianza de los grandes y medianos agricultores en el gobierno que al proteger solamente a los labriegos de la porción social abandona a su suerte al resto del sector que es el que más aporta alimentos para los mexicanos.
La posibilidad de que el movimiento agrícola se extienda hacia el centro de Sinaloa avisa de otras impotencias, la principal de éstas proveniente del Gobierno federal que se exhibe incapaz de responder al esfuerzo de un sector que mediante el trabajo lícito aspira a la rentabilidad para proseguir con la aportación de productos de consumo general que constituyen un eslabón esencial de la cadena de estabilidad nacional.
También es un hecho la extenuación del modelo agrícola que entró a mayor crisis a partir de que la federación canceló los programas de apoyo al campo afectando sobre todo a la agricultura comercial y subsidiando a la producción maicera del segmento social, privilegiándolo con la compra de toda la cosecha del grano en razón de 6, 965 pesos por tonelada, aparte de suministrarle fertilizantes gratis y otros estímulos económicos.
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Los agricultores están reaccionando frente a tal discriminación que les hace el presidente Andrés Manuel López Obrador y la tensión crece en Sinaloa al ponerse en riesgo el abasto de combustibles a la población y actividades económicas por el cerco que se tiene sobre las plantas de Pemex. Desde la parte gubernamental, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, formula el llamado a detener esas acciones de inconformidad, pero sin ofrecer la solución a los motivos de la protesta.
El presidente López Obrador está dejando solos no únicamente a los maiceros de Sinaloa que cultivan más de 10 hectáreas, sino también al gobernador Rubén Rocha Moya en las gestiones que lleva a cabo para que los adecuados precios del maíz y trigo sean extensivos a los productores del campo en general.
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Los anteriores presidentes de México han propuesto soluciones antes de que los surcos se incendien con la irritación de quienes los cultivan, pero ¿permitirá el actual mandatario nacional que la ingobernabilidad llegue también a la actividad que es pilar de la soberanía alimentaria?
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