Corrupción

El General millonario, impune; López Obrador persigue a quienes evidencian la corrupción

Encubrir el fondo del problema de la corrupción denostando a quienes denuncian y premiando con impunidad a los que cometen este delito, expone la distorsión del poder político.

El compromiso que el Gobierno de México tiene por ley con la rendición de cuentas se ve reducido a simple capricho del presidente Andrés Manuel López Obrador quien muestra nula preocupación por los casos de corrupción que salen a relucir y demasiada ocupación en descalificar a las instituciones y mecanismos que evidencian el saqueo sexenal, salpicando ahora a mandos del Ejército Mexicano en situaciones de enriquecimiento súbito.

Si se trata de integrantes de su Gabinete implicados en supuestos delitos contra las finanzas públicas, López Obrador solapa en vez de promover la investigación y sanción conforme a derecho, como es el caso del General Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional, que después de los ostentosos viajes familiares al extranjero realizados en aeronaves de la Sedena, que le fueron suficientemente probados, ahora aparece como propietario de un departamento de lujo valuado en 30 millones de pesos.

El mandatario federal apunta el dedo acusador contra quienes efectúan las investigaciones que descubren hechos de corrupción en el régimen amloísta, cuando al estadista le corresponde hacer lo debido para que enfrenten a la justicia aquellos que desde el servicio público aparecen con fortunas de la noche a la mañana. En cualquier otro régimen político, inclusive en las dictaduras, todo hecho de peculado o cohecho que se traduce en enriquecimiento inexplicable de funcionarios es sancionado al menos para cuidar las apariencias.

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Encubrir el fondo del problema de la corrupción denostando a los que denuncian y premiando con impunidad a quienes cometen este delito, expone la distorsión del poder político al utilizarse la investidura presidencial para arropar a los correligionarios y perseguir a los adversarios.

Afines u opositores, secuaces o desleales, todos deben entrar a la horma constitucional donde por ningún motivo deben caber los desfalcadores del erario.

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México es parte de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, junto a 181 países del mundo, que establece la cooperación internacional y la participación civil en el combate a dicho flagelo, y esto debe saberlo el presidente López Obrador al optar por la postura errónea de perseguir a los que evidencian casos del soborno, malversación de fondos públicos y tráfico de influencias, y amparar a aquellos que incurren en tales ilícitos.

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