Las demoras en el juicio penal contra “El Químico” son vislumbres de impunidad

Prórroga tras prórroga, el juicio contra el ex alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, por presunto desempeño irregular de la función pública, le está dando lugar a la hipótesis popular de la justicia a paso de tortuga en favor de aquellos que la Fiscalía General del Estado acusó de daños a las finanzas municipales en diferentes hechos que al ser vinculados configuran un mal precedente de gobiernos que ondean la bandera de “no mentir, no robar y no traicionar”.

La corrupción tiende a salir adelante porque quienes incurren en ella saben de recursos legaloides que los mantendrán sin la correspondiente acción sancionadora de la ley, tal como ha ocurrido desde hace décadas y fue revalidado recientemente con las denuncias que involucraron a exfuncionarios estatales que durante el gobierno de Mario López Valdez se sirvieron del erario con enormes cucharas de cohecho y acabaron recibiendo el premio de la impunidad.

El sentido común ciudadano da por hecho que en los tribunales procede a recrearse el mismo método que les certifica la inacción jurídica a los saqueadores del dinero, ya que en los estrados judiciales se pasa por alto la máxima que dice que la justicia, para ser realmente justa, debe impartirse de manera pronta y expedita, lo cual no sucede en Sinaloa cuando aquellos que gozan de alguna protección política ralentizan a su favor la función de jueces y procesos.

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Para variar, ayer se postergó la audiencia inicial donde se le formularía a “El Químico” la acusación por el delito de compra de vehículos y motocicletas con dinero del Ayuntamiento de Mazatlán para regalarlos en el festejo del Día de las Madres del 2022.

La excusa para el aplazamiento consistió en la supuesta baja en la presión arterial del abogado que defiende a uno de los inculpados. Fue la enésima ocasión en que coartadas legaloides obstruyen el ritmo del debido proceso judicial.

Cuando la corrupción avanza a mayor velocidad que los órganos legítimos creados para combatirla, deben activarse las alertas sociales antes de que el devastador fenómeno engulla más recursos públicos destinados de origen a establecer mejores condiciones al bienestar colectivo. La pausada acción de la justicia en las acusaciones que involucran a Benítez Torres en diversos delitos que afectaron las finanzas mazatlecas trae consigo el tufo de la impunidad.