Culiacán.- La Comisión de Defensa de Derechos Humanos de Sinaloa criticó la política de atención sobre problemas sociales de gobierno de Rubén Rocha Moya.
Aquí estuvo el gobernador, pues acudió al informe número 15 de la organización, pues en la fundación de la Comisión participó Rocha Moya como un luchador social de la izquierda política del Estado, junto con otras personas, entre ellas David Moreno Lizárraga, Ildelisa Valdez Rivera y Óscar Loza Ochoa.
Leonel Aguirre Meza, presidente de la comisión, destacó siete ejes de importancia:
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- economía,
- desplazamiento forzado,
- desapariciones de personas,
- jornaleros agrícolas,
- vivienda,
- protección a periodistas y
- atención a quejas por los gobiernos.
“Por considerar que algunas acciones de la autoridad alcanzan el grado de gravedad, emitimos medidas cautelares y recomendaciones, con el fin de que los perjuicios a las víctimas no sean irreversibles y se pueda reparar el daño en tiempo y forma”, mencionó.
“Se enviaron 15 medidas precautorias, en seis de ellas hemos recibido la respuesta que contempla el Artículo 142 de la Constitución Política de Sinaloa y son estas autoridades: Fiscalía General del Estado, Secretaría de la Mujer, Presidencia Municipal de Navolato, Gobernador del Estado, Presidencia Municipal de Ahome, Presidencia Municipal de Culiacán y Seguridad Pública de Ahome”.
La Comisión puntualizó las problemáticas específicas que entre mayo de 2022 y mayo de 2023 sobresalieron por distintos hechos graves.
Por ejemplo, Aguirre Meza aseguró que entre 2009 y 2022 se han desplazado hasta 50 mil personas en Sinaloa, pero que la política estatal se ha basado en atender únicamente 4 mil 500 personas.
Además, cuestionó que se haya iniciado un programa de retorno a personas que vivieron violencia extrema, con masacres y desapariciones en la sindicatura de Tepuche, al norte de Culiacán, sin que se haya realizado un análisis de contexto y aplicado medidas de justicia.
Sobre desapariciones de personas, Aguirre Meza reconoció que hay un registro que tiene una tendencia a la baja, pero se tiene un incremento sobre casos de mujeres, pues de cada cuatro casos, uno de ellos es de mujeres.
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En el caso de jornaleros agrícolas, la Comisión se enfocó a recordar la muerte de niñas y niños por desnutrición en Juan José Ríos, Guasave, así como la situación de precariedad en vivienda para las más de 50 mil personas jornaleras que trabajan en Sinaloa.
En ese mismo sentido, Aguirre Meza estableció que la política de vivienda de Sinaloa es nula, pese a qué hay un faltante de 432 mil viviendas.
Para medir el déficit, el organismo social documentó que en el Estado hay hasta un millón 466 mil personas económicamente activas, pero sólo el 46 por ciento tiene un empleo formal.
Aguirre Meza enfatizó también en la falta de políticas públicas de atención a la sociedad, y que ello es notorio cuando ocurren crímenes sin resolver sobre personas defensoras como el caso de la activista Rosario Lilián que fue asesinada en Elota por buscar a su hijo desaparecido y con el caso del periodista Luis Enrique Ramírez, asesinado a cuadras de su casa. Ambos están impunes.
En cada uno de los casos que se mencionaron, se envió recomendaciones, pero ninguna fue contestada por las autoridades.
“En nueve Medidas Cautelares no recibimos respuesta, estas son las autoridades: Gobernador del Estado con cuatro medidas precautorias, Presidencia Municipal de Ahome, Presidencia Municipal de Culiacán y Regidores y Dirección de Prevención y Reinserción Social”, aseveró.
“Les recordamos a estas autoridades que están faltando al Artículo 8º Constitucional, al Artículo 142 de la Constitución Local; a la Declaración de Viena de 1993; y a las resoluciones del XLVII Periodo de Sesiones de la OEA en Cancún de junio de 2017, estas últimas suscritas por México. Seguimos en espera de sus respuestas”.
La falta de respuestas, dijo Aguirre Meza, solo demuestran la falta de atención a problemas sociales, una situación crítica sobre todo cuando se tiene un gobierno estatal emergido de la izquierda política.
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“También emitimos dos recomendaciones: una sobre el riesgoso regreso de los desplazados a la Sindicatura de Tepuche, enviada al Gobernador y a la Secretaria del Bienestar. No hemos tenido respuesta. La otra es sobre la cuartería de Juan José Ríos que volvió a sacudir nuestras conciencias con las infamias que allí encontraron las autoridades y también la sociedad. Esta Recomendación está en tiempo y forma”, cuestionó el activista.
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