La asistencia del gobernador Rubén Rocha Moya a los informes de las dos principales comisiones de defensa de derechos humanos que funcionan en Sinaloa es una buena señal en el contexto estatal de ataques frecuentes a las garantías constitucionales, traducidos en desapariciones forzadas, desplazamientos de familias por la violencia, preocupante incidencia de feminicidios, peligroso ejercicio de la libertad de expresión y jornaleros agrícolas que son carne de cañón de reclutadores que incurren en trata de personas.

El 18 de mayo el mandatario estatal acudió a la ceremonia de conmemoración del 30 aniversario de la creación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), que preside José Carlos Álvarez Ortega, y expuso que su gobierno se sustenta en el humanismo puro poniendo como ejemplo la creación de un panteón forense para la identificación de restos humanos, la Subsecretaría de Derechos Humanos, y su cercanía con los movimientos de madres que buscan a sus hijos desaparecidos.

El domingo 21 de mayo, Rocha Moya asistió al 25 informe anual de la Comisión de Defensa de Derechos Humanos de Sinaloa, que hoy preside Leonel Aguirre Meza, donde el jefe del Ejecutivo estatal refrendó que no cesarán las acciones para avanzar en los temas de viviendas dignas, desapariciones forzadas y el apoyo total a la CDDHS, pionera del movimiento ombudsman en el país. En lo que se refiera a personas de escasos recursos que necesitan de lotes y casas señaló que “necesitamos resolver el problema de la certeza jurídica y adquirir reserva territorial para planear y entregarles viviendas, lotes dignos y donde se puedan hacer con los debidos servicios”.

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Los gobiernos suelen pasar a último término lo referente a la protección de derechos humanos y libertades al considerar como algo accesorio lo que en realidad es fundamental. Al estar presente en los informes de las dos organizaciones del área, la oficial y la independiente, Rocha Moya le repone algo de esperanza y confianza a las víctimas de los diferentes modos de agresiones que aparte de cargar con el peso de la impunidad llevan consigo también el lastre de la indiferencia del aparato público.

Lo trascendente sería que Rocha Moya tenga la convicción de rediseñar las políticas públicas fundándolas en el humanismo puro que postula, en lugar de que al acudir a los informes de CEDH y CDDHS pretenda solamente la fotografía y enseguida olvide lo que expresó en ambas jornadas.

La voluntad y convicción por cumplir al pie de la letra los preceptos constitucionales en materia de derechos fundamentales de las personas no es cosa de poses ni de fintas; es cuestión de estabilidad para Sinaloa y de prestigio a quien gobierna.