A rastreadoras en peligro permanente, protección persistente de gobierno y ciudadanos
Urge rediseñar el protocolo de protección a las organizaciones que indagan dónde están sus desaparecidos sin minimizar el peligro en que realizan tales búsquedas.
El episodio de peligro que vivieron integrantes del colectivo Sabuesos Guerreras mientras realizaban acciones de búsqueda de víctimas de desapariciones forzadas en la comunidad de La Palma, Navolato, es el aviso a tiempo para que las autoridades estatales pongan mayor interés en proteger a estas luchadoras sociales que con frecuencia sufren el acoso de grupos delincuenciales.
No se trata de la primera vez que células criminales intentan obstruir la labor de las madres de desaparecidos, pero al nivel que escaló el riesgo ayer da para revisar y fortalecer los operativos que acompañan a los grupos de rastreadoras, así como la sociedad civil está obligada a emitir señales contundentes de que ellas no están solas en el calvario diario de buscar a sus seres queridos arrancados del núcleo familiar.
La información oficial proporcionada por la Secretaría de Seguridad Pública confirma que alrededor de las 11:45 del jueves se recibió un reporte en C4 de parte de la unidad policíaca que proporciona seguridad a un grupo de rastreadoras, solicitando apoyo porque reportaron la presencia de gente armada a bordo de tres vehículos. Se procedió a realizar el correspondiente operativo que logró interceptar a una camioneta y al conductor, asegurando además seis chalecos tácticos con logos de la Secretaría de Marina Armada de México, dos chalecos verdes y droga que se presume es fentanilo y mariguana.
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A la delincuencia organizada que no le basta con asestarle a las familias el agravio de privación ilegal de la libertad, sino que también obstruye las actividades de búsqueda, le debe responder el Estado con la necesaria fuerza pública no sólo como reacción porque lo fundamental es que sean puestos a disposición de la justicia aquellos que procuran sentar sobre bases de impunidad el esquema de crimen sobre crimen.
Sin tiempo para perder, urge rediseñar el protocolo de protección a las organizaciones que indagan dónde están sus desaparecidos sin minimizar el peligro en que realizan tales búsquedas porque de la aceptación de la realidad de vulnerabilidad depende la efectividad de la seguridad.
Y los sinaloenses, patentizar que vamos junto a las rastreadoras cuidándolas para que no se repitan crímenes como aquellos que le costaron la vida a Sandra Luz López Hernández en 2014 y a Rosario Lilian Rodríguez en 2022.
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