Culiacán.- “Estamos en un momento en el que podemos detener o prevenir una crisis”, advierte Francisco Cuamea Lizárraga al indicar cómo las actividades del crimen organizado empiezan a impactar a la naturaleza y la salud de la población.
Este miércoles, el miembro de la red de expertos de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Trasnacional (GI-TOC) y el Fondo Resiliencia presentará los resultados de un estudio realizado con el objetivo de empezar a dimensionar el impacto de las actividades del narcotráfico en la región del Golfo de California. Esto desde un enfoque tridimensional: la contaminación del suelo y subsuelo, la pesca ilegal y las adicciones.
Los resultados de este estudio se darán a conocer este mismo miércoles 31 de mayo a las 9AM en el auditorio del Jardín Botánico de Culiacán, en un panel donde Cuamea Lizárraga será acompañado de expertos como Xicoténcatl Vega Picos, Martha Alicia Torres Reyes y José Luis Carrillo Galaz; sin embargo, Cuamea Lizárraga adelanta a Espejo su principal hallazgo: Las autoridades no tienen ni diagnósticos, ni protocolos ni personal especializado que los ayude a dimensionar la magnitud de estás problemáticas.
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El reporte “Región Mar de Cortés: amenazas sociales y ambientales del crimen organizado” comienza por preguntarse si el crimen organizado juega algún rol en la crisis climática y social que afecta al mundo.
La respuesta llega a través de la recolección de testimonios y solicitudes de información que ponen en evidencia la desarticulación con la que las autoridades atienden estas problemáticas sociales en un mundo cada vez más interrelacionado. Sin embargo, las autoridades siguen combatiéndolas desde las instituciones de justicia y seguridad pública.
“El crimen organizado no es un fenómeno netamente policial y de estado de derecho en sí, sino que debemos de registrar y atacarlo, digamos desde todas las correlaciones que hay (…) también causa daños ambientales que están dejando una huella, y esa huella debemos de medirla, debemos de saber su magnitud y debemos mitigarla”, indica Cuamea al referirse en específico al daño ambiental.
Respecto a las comunidades pesqueras del Mar de Cortés, señala que aquí también es necesaria la evolución y reenfoque de las políticas públicas. “La relación entre narcomenudeo y adicciones no la atendemos de manera conjunta en sus relaciones. El narcomenudeo lo atacamos o lo atendemos como un tema policial, y las adicciones como un tema de salud, pero ni siquiera con la sistematización que se merece, ni siquiera existe información sistematizada de las adicciones en el País”, critica.
“Así como tenemos los reportes ya muy detallados del SESESP de los delitos patrimoniales, contra la integridad, por mes, el número de ocurrencias, así deberíamos de tener un sistema público de información de las adicciones. El día que tengamos eso vamos a decir que ya les interesa el tema”.
Y es en ese sentido que el investigador hace un llamado de atención a la prevención.
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“Lo bueno va a ser lo que viene, que es generar un programa de resiliencia en las comunidades pesqueras a partir de este reporte”.
“Lo que se busca es empezar a hacer trabajo comunitario de resiliencia para generar capacidades en las poblaciones pesqueras a afrontar sus problemáticas; se tiene también planeado recaudar fondos para hacer investigaciones más profundas, más detalladas de la situación ambiental en la región”, puntualizó.
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