El registro al alza de delitos de alto impacto, principalmente en homicidios dolosos, que reporta la Fiscalía General del Estado, así como la narrativa diaria de asesinatos, despojo violento de automóviles y asaltos a personas en la vía pública, dan suficientes elementos de preocupación a la población y tendrían que ser también datos que tome en cuenta el gobierno de Rubén Rocha Moya para revisar y fortalecer el programa estatal de seguridad pública.
En el primer cuatrimestre de 2023, y seguramente el mes de mayo presentará igual comportamiento cuando se conozcan los indicadores oficiales, los homicidios dolosos reportan aumentos en relación con el mismo período de 2022. En enero reciente ocurrieron 48 casos contra 36 del año pasado, en febrero 34 contra 36, en marzo 60 contra 42 y en abril 47 contra 42, y en el balance de delitos de alta incidencia en enero se contabilizaron 1,438 contra 711 de mismo mes de 2022, en febrero 857 contra 723, en marzo 974 contra 857 y en abril 734 contra 860.
De la sumatoria de eventos de violencia deriva la posibilidad de que en Sinaloa peligre la incipiente paz que se iba logrando y ello está sujeto a que la fuerza pública sea más eficiente y no baje la guardia, analizándose el fenómeno de manera integral y procediendo en coordinación para desactivar los focos de inseguridad, abatiendo los índices más allá de los niveles que registraron en 2023, descenso que generó el discurso gubernamental de la pacificación del estado.
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El robo de vehículos alcanza reportes en el mismo sentido creciente. En enero de 2023 hubo 869 despojos contra 323 del primer mes de 2022, en febrero 312 contra 289, en marzo 320 contra 329 y en abril 227 contra 281, de acuerdo con el reporte de la Fiscalía que, obviamente, no refleja la cifra negra de los delitos sino solamente aquellos que son denunciados.
El gobernador Rocha Moya podría optar por reconocer la amenaza que deriva del aumento en la comisión de delitos de alto impacto o bien acudir al mismo esquema de sus antecesores en el cargo que ocultaban la realidad y anclaron en el discurso de que los sinaloenses estábamos más seguros.
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Lo primero contribuiría a que los ciudadanos tomen medidas acordes a la situación, y lo otro ocasionaría el exceso de confianza tanto en la población como en las autoridades, que coloca en la vulnerabilidad a quienes caigan en las trampas del engaño.
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