Al permanecer esta mañana la toma del Aeropuerto Internacional de Culiacán como acción de protesta de productores de maíz que exigen que les compren toda la cosecha a un precio de 6 mil 965 pesos por tonelada, la toma de soluciones adecuadas se aleja de la expectativa inmediata ya que las respuestas que se adoptan bajo presión suelen resolver lo coyuntural, pero a largo plazo agudizan los conflictos.
La alteración del itinerario de vuelos aéreos con salidas y llegadas a la capital de Sinaloa, el cierre de vialidades y la ausencia de acuerdos es apenas la expresión de un problema que estructuralmente no tiene las soluciones a corto período de tiempo y que cada año se repite creciendo la dureza de los inconformes y complicándose la capacidad de que el gobierno resuelva el fenómeno que tiene implicaciones locales, nacionales y mundiales por la crisis de la agricultura no sólo en México sino en el mundo entero.
Entonces las salidas del conflicto deben implementarse en dos fases. La primera con la intervención del Gobierno Federal para atender las peticiones de los productores agrícolas y facilitar la desocupación de instalaciones estratégicas tomadas, y lo segundo debe ser la instalación de mesas de trabajo para analizar el modelo económico del campo e inducirlo a las nuevas reglas definidas por el libre comercio, la globalización de la oferta y demanda de granos alimentarios, la sostenibilidad de la actividad y el manejo responsable de recursos naturales que tienen que ver con la labranza de la tierra.
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La solución pronta es importante porque se han acumulado inconvenientes que durante décadas se han ido presentando y agravando debido a la inacción de los gobiernos priistas, panistas, y ahora el morenista, que dan respuestas de ocasión según la coacción que ejerza la agricultura, pero prescinden de la planeación y visión de futuro. Al parecer no hay subterfugios sino encrucijadas para el momento presente que afecta a ciudadanos que sin deberla ni temerla quedan atrapados en el diferendo.
La polarización entre maiceros que no pueden vender sus cosechas y aun así continúan aferrados al monocultivo, y el gobierno que al cancelar los programas de apoyo al campo agravó la incertidumbre hasta el nivel en que está hoy, es una convocatoria a que ambas partes converjan en la impostergable definición de un nuevo sistema agrícola con sentido social y también con enfoque de rentabilidad.
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El desquiciamiento de los factores que intervienen en la producción alimentaria no debe tratarse como el berrinche de unos y la ineptitud de otros porque de estancarse en dicha mentalidad los agricultores y campesinos mexicanos serán presa fácil de los “tiburones” internacionales del agro.
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