El sentido social del gobierno de Rubén Rocha Moya en beneficio de los más desamparados se amplia a otros sectores en situación de vulnerabilidad al avanzar ayer en el Congreso del Estado la iniciativa que envió el mandatario estatal para que el Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de las Mujeres, otorgue apoyo económico a niñas, niños y adolescentes hijas e hijos de mujeres víctimas de feminicidio.
La propuesta de adicciones a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Sinaloa, recibió luz verde en la Comisión de Protocolo y Régimen Orgánico Interior de la 64 Legislatura local, para que inicie su análisis, discusión y en su caso aprobación, protegiendo a ese segmento frágil que al sufrir la tragedia de perder a las madres ingresa también a la incertidumbre respecto a las posibilidades de acceso a la educación, alimentación y salud.
Las agresiones contra el sector femenino son uno de los fenómenos violentos que más preocupa y moviliza a la poblacion sinaloense.
En los cinco meses y medio de 2023 se reportan 13 asesinatos de mujeres tipificados como feminicidios y aunque el estado ya no aparece encabezando este tipo de incidencia criminal a nivel nacional, sí tiene regiones con focos rojos como es el caso del municipio de Sinaloa donde ocurrieron dos de los casos.
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Se trata de manejar el problema con enfoque humanista, independientemente de que el sistema de procuración e impartición de justicia deba hacer lo correspondiente para castigar y prevenir estos ilícitos, labor en la cual se necesita de mayores esfuerzos. La acción cobarde de privar de la vida a una mujer va más allá de la conducta criminal pues el daño directo es para la familia entera con impacto devastador en las hijas e hijos, sobre todo tratándose de niñas y niños.
Desde el inicio de su gobierno en noviembre de 2021 el gobernador Rocha Moya emprendió acciones de amparo a sectores vulnerables, como es el hecho de que Sinaloa fue el primer estado del país en implementar la pensión universal para el bienestar de las personas con alguna discapacidad permanente.
Bienvenidas estas políticas públicas ahora de cobijo al eslabón más débil de los deudos de mujeres víctimas de la violencia, siempre y cuando también se les garantice el derecho a la justicia.
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