Cómo la política migratoria de EU fomenta el crimen organizado en su frontera con México

Desde mediados de la década de 1990, el gobierno de EE. UU. se ha basado en una estrategia de inmigración denominada “prevención a través de la disuasión”. La idea era simple: si hace que sea más difícil para las personas cruzar a los Estados Unidos, entonces el número de personas que lo intentan disminuirá.

Sin embargo, las políticas han tenido numerosas consecuencias no deseadas, incluido el refuerzo de las organizaciones criminales a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México. En la actualidad, el contrabando de personas se ha transformado en una de las industrias más lucrativas para los grupos delictivos, que se han diversificado más allá de sus actividades delictivas tradicionales de contrabando de drogas y armas.

Pero los poderosos grupos del crimen organizado que operan a lo largo de la frontera entre EE. UU. y México también se han aprovechado de otras formas, en particular extorsionando a los migrantes y realizando secuestros selectivos a cambio de rescate. La corrupción oficial también se expandió a medida que el gobierno de EE. UU. aumentó su dependencia de terceros países para hacer cumplir la ley y empujó a los inmigrantes a permanecer en estos países.

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En 2019, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (Department of Homeland Security, DHS) anunció los Protocolos de Protección al Migrante (MPP). La que llegaría a conocerse como la política “Quédate en México” fue la última de una serie de iniciativas realizadas a lo largo de décadas por parte de sucesivas administraciones republicanas y demócratas para frenar la migración, imponiendo trabas crecientes al ingreso de los migrantes a Estados Unidos y su permanencia en el país.

Sin embargo, dichas políticas han tenido numerosas consecuencias no deseadas, como el fortalecimiento de las organizaciones criminales a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México. Si bien anteriormente el tráfico de drogas y armas dominaba el contrabando transfronterizo, ahora el tráfico de personas se ha convertido en una de las industrias más lucrativas para los grupos criminales. También se han multiplicado los riesgos para los migrantes no solo en su trayecto, sino también a lo largo de la frontera con Estados Unidos.

Este informe tiene como objetivo señalar el papel que ha desempeñado la política estadounidense en esta transformación, y su continuo avance. De manera específica, se analiza la creciente participación de los grupos del crimen organizado en el tráfico de personas, a medida que han aumentado los riesgos, han subido los precios, y los migrantes han comenzado a pasar por corredores menos transitados. El objetivo es proveer información a los formuladores de políticas interesados en abordar la migración irregular y combatir a las organizaciones criminales de México. También se pretende ofrecerles a las partes interesadas diversas oportunidades de intervención positiva para mitigar este flagelo humano, enfocándose en los actores criminales más violentos.

Los hallazgos presentados en este informe son el resultado de dos años de investigación de escritorio y de campo en los estados mexicanos de Baja California, Chihuahua, Coahuila, Sonora y Tamaulipas, donde abunda el tráfico de personas. También se basa en entrevistas presenciales y virtuales con migrantes, solicitantes de asilo, fiscales estadounidenses y mexicanos, expertos en seguridad, funcionarios gubernamentales, líderes religiosos y defensores de los migrantes, entre otras fuentes. Analizamos, además, datos gubernamentales sobre investigaciones y juicios de tráfico de personas, así como casos judiciales y estudios previos sobre el tema.

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Principales hallazgos

1. Las políticas de prevención mediante la disuasión implementadas por el gobierno de Estados Unidos han creado un mercado negro de tráfico de personas cada vez más lucrativo. Las redes criminales transnacionales han asumido un mayor control sobre este tipo de tráfico y han remplazado el tráfico de personas de carácter personalizado y comunitario que existía antes.
2. Las políticas de inmigración del gobierno de Estados Unidos han brindado más oportunidades para que los grupos del crimen organizado victimicen a los migrantes. En particular, dichas políticas han creado un cuello de botella en la frontera entre Estados Unidos y México, donde los migrantes se ven obligados a permanecer mientras se determina si son elegibles para recibir asilo y contemplan formas alternativas de ingresar al país. Como resultado, se han vuelto bastante vulnerables a la extorsión y al secuestro. Y con el tiempo, las restrictivas políticas de inmigración han expandido el alcance de estas lucrativas economías criminales resultantes.
3. Las políticas de inmigración del gobierno de Estados Unidos y la externalización de la aplicación de la ley de inmigración a países como México han expandido la corrupción oficial. A medida que el gobierno de Estados Unidos recurre a otros países para la aplicación de la ley y obliga a los migrantes a permanecer en ellos, los funcionarios de esos países han ampliado sus operaciones ilegales, entre las que se encuentran la extorsión, el secuestro y el tráfico de personas.

Más de dos meses de viaje por ocho países. Encuentros regulares con policías y funcionarios de migración corruptos, grupos del crimen organizado, guerrillas y contrabandistas. Este es el viaje que realizan miles de migrantes de Venezuela para llegar a la frontera entre Estados Unidos y México.

*Por razones de seguridad, InSight Crime cambió el nombre del protagonista.

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Fue poco después del amanecer que Ricardo Montes* vio llegar a casi una docena de hombres armados en dos camionetas pickup a la central de abastos en Reynosa. No hacía más de 20 minutos que había llegado a esa ciudad en la frontera entre México y Estados Unidos, apiñado en la parte trasera de una tractomula con cerca de 200 migrantes más.

En la plaza, conductores de taxi y coyotes—los gerentes nominales de este flujo de migrantes transfronterizo— interrogaron a los recién llegados. ¿Cómo se llaman? ¿De dónde vienen? ¿Tenían la clave que confirmara que tenían permiso para cruzar la frontera por esa zona?

Aterrorizados, los migrantes huyeron, dispersándose en distintas direcciones. Montes, sin embargo, se quedó inmóvil; 17 días y noches de ardua y agotadora travesía desde su natal Guatemala lo dejaron paralizado.

“Habían pasado tantos días que habíamos hecho mucho, venía muy cansado y ya no pude correr, ya no pude moverme y ya no pude hacer nada”, le confesó a InSight Crime.

Montes fue uno de muchos. Los hombres armados lo secuestraron a él y a otros seis u ocho más ese día. Los llevaron a un escondite a menos de media hora de camino. La casa tenía un jardín y ventanas bonitas, pero, en el interior, había muros de concreto bloqueando las ventanas y una barra de acero en la puerta trasera que confinaba a los migrantes a un salón.

“Somos del Cartel del Golfo”, recuerda Montes que dijeron los hombres.

El Cartel del Golfo es una de las redes criminales organizadas más antiguas de México, varias de cuyas facciones operan en Reynosa. Sus demandas eran simples: querían dinero. Les ordenaron a Montes y a cada uno de los 30 migrantes, que según sus cálculos se encontraban en el escondite, que pagaran US$5.000.

Con una franqueza impávida, los hombres les explicaron lo que sucedería si el pago no llegaba pronto.

“Los matamos”, recuerda Montes que dijeron.

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Presas fáciles

Desde mediados de los 90, el problema de Montes se ha vuelto cada vez más común, especialmente desde que el gobierno estadounidense implementó su llamada política migratoria de “prevención mediante la disuasión”. La idea era reprimir a los muchos migrantes y solicitantes de asilo que intentaban ingresar al país asustándolos con rutas cada vez más peligrosas hacia el país.

No es claro cómo muchos migrantes han decidido que la recompensa no valía la pena el riesgo, pero esa política ha tenido otras consecuencias quizás imprevistas. En primer lugar, dicha estrategia empujó a los migrantes a viajar por desiertos, montañas agrestes y valles áridos, lo que produjo un incremento de las muertes y desapariciones de migrantes durante la travesía.

En segundo lugar, la estrategia cambió la industria migratoria. Convirtió una operación que antes era difícil pero relativamente manejable para emprendimientos familiares que tenían lazos estrechos con las poblaciones atendidas en una industria criminal de múltiples capas. Esto incluye grupos criminales multinivel que muchas veces buscan despojar a los migrantes hasta del último centavo posible y, en ciertos casos, victimizarlos de las peores maneras.

Estas políticas los han expuesto a un mayor riesgo de ser asesinados, desaparecidos, extorsionados y secuestrados en tramos aislados de la frontera, donde los grupos criminales tienen fuerte presencia. El resultado final es el incremento inédito de migrantes en la frontera entre México y Estados Unidos.

Los riesgos para los solicitantes de asilo, como Montes, se agudizaron especialmente tras la promulgación de políticas como los Protocolos de Protección a Migrantes (Migrant Protection Protocols o MPP) y el Título 42. También conocidos como “Quédate en México”, los MPP requerían que los migrantes que pedían asilo en los puertos de entrada o en zonas intermedias aguardaran en México sus audiencias ante los tribunales.

El Título 42 fue una medida de salud pública impuesta en el marco de la pandemia global de la COVID-19, que suspendió totalmente el asilo y dio a los funcionarios estadounidenses la autoridad de expulsar a los solicitantes de asilo hacia México o a sus países de origen.

Ambas medidas obligaron a un creciente número de migrantes a permanecer en México o a atravesar los tramos más peligrosos del trayecto una y otra vez. Para los grupos criminales que buscaban lucrarse de ellos, eran matemáticas simples.

“Esto crea un mercado para que la gente busque vías de paso de nuestra frontera por fuera de los puertos de ingreso, y dicho mercado lo cubre el crimen organizado”, declaró un abogado defensor estadounidense que trabaja de cerca con los solicitantes de asilo.

Estas políticas se derogaron, pero el gobierno estadounidense introdujo nuevas restricciones que mantienen a los migrantes en México. Mientras tanto, las organizaciones criminales diversificaron sus portafolios criminales y ganaron mayor participación en el negocio del tráfico de migrantes.

En el año que duró nuestra investigación sobre este fenómeno, la cual se materializó en un informe que documenta el impacto de la política migratoria estadounidense en el crimen organizado, esta mayor participación se manifestó de diversas formas.

En algunas partes de la frontera, los grupos criminales manejaban albergues improvisados donde cobraban una tasa de mínimo US$100 por cada migrante que pasara por los corredores controlados por ellos. En otros tramos, empleaban a sus propios coyotes para traficar migrantes e incluso contrataban a centinelas que vigilaran los albergues en busca de posibles clientes.

Sin embargo, algunos se aprovecharon aún más y crearon divisiones especializadas en el secuestro extorsivo de migrantes. Esto fue lo que le pasó a Montes en Reynosa. Allí, el Cartel del Golfo había comenzado a tomar migrantes cautivos en masa. El fenómeno no era nuevo, sino que amplió el número de víctimas potenciales, como le relataron abogados, activistas y migrantes a InSight Crime durante la investigación.

Se creó “una situación [en la que tenían] miles de presas fáciles”, añadió el abogado.

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Un riesgo ineludible

Al llegar a Reynosa, Montes había pagado a su red de traficantes dos tercios de los casi US$10.000 que debía por el trayecto. Pero no tenía otros US$5.000 para pagar a sus captores.

Las posibles consecuencias de ese hecho se evidenciaron de inmediato cuando sus secuestradores comenzaron a golpear a algunos de los migrantes frente a él. En medio del pánico, Montes negoció desesperado.

“Denme unas semanas”, suplicó. “Y les consigo el dinero”.

Por fortuna accedieron. La pareja de Montes comenzó a contactar a todos sus parientes y amigos en Estados Unidos y Guatemala para recoger el dinero de a poco. Después de unos días, hicieron el primer pago. Y 20 días después, su pareja en Guatemala les transfirió la última cuota.

A la mañana siguiente, el grupo le vendó los ojos, lo subió a la parte trasera de un camión, lo llevó a unos 30 minutos del escondite y lo dejó a un lado de la carretera. Montes caminó hasta la gasolinera más cercana y desde allí llamó a su pareja en Guatemala. Esta contactó a la red de traficantes para que fueran a recogerlo para llevarlo por el último tramo de su viaje hacia Estados Unidos.

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Los traficantes estaban furiosos. Relató cómo, antes de recordarle los US$3.000 que aún les debía al llegar a su destino, lo regañaron por no tener más cuidado.

“Culpa suya”, recordó Montes que le gritaron por teléfono. “Usted dejó que lo secuestraran”.

*Por razones de seguridad, InSight Crime cambió el nombre del protagonista.

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Este contenido fue publicado originalmente por InSight Crime. Acá puedes consultar el original.