Tienen razón las organizaciones ciudadanas que se pronuncian preocupadas por el ágil trámite burocrático que designó a Marco Antonio Álvarez Armenta como nuevo titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la corrupción, en sustitución de la anterior responsable de la institución, Nereida Avilés Aceves, tratándose de un área esencial para abatir actos ilícitos que atentan contra el correcto manejo de recursos públicos.
A la complicación que resultó de que la fiscal anticorrupción dejara el cargo en el momento en que está por iniciar el juicio contra funcionarios de la Universidad Autónoma de Sinaloa por posible desempeño irregular de la función pública, se le añade la desconfianza que deriva de resolver la vacante en cuestión de horas sin tomar en cuenta la opinión ciudadana ni reparar en que la trayectoria del designado sea incuestionablemente la más idónea para la enorme responsabilidad puesta en sus manos.
En ese sentido es pertinente el pronunciamiento que realizan entidades cívicas e integrantes del Consejo Consultivo de la Fiscalía General del Estado porque hace eco de la exigencia colectiva para que el combate a la corrupción sea en serio, fundado en la ley, con carpetas de investigación sólidas y sobre todo con los mejores profesionales y trayectorias probadas en la lucha contra dicho flagelo, que se multiplica de manera más rápida que la capacidad del Estado para contenerlo.
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El posicionamiento señala que “ante el desconocimiento social de la trayectoria de Álvarez Armenta en el combate a la corrupción, existe la inquietud respecto al rumbo que podrían tomar las carpetas de investigación, abiertas y en proceso, de posibles casos de corrupción”, cuestión que debe responder y resolver la fiscal general Sara Bruna Quiñónez Estrada antes de que la ciudadanía caiga en mayores desánimos y los desfalcadores del erario adquieran más bríos.
En general la lección es para las instituciones cuya función resulta toral en el establecimiento de un estado legal que contribuya a que Sinaloa transite por rieles de legalidad:
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nada resulta bien cuando se actúa a espaldas de los ciudadanos, haciendo cosas buenas que parecen malas al ser operadas en los sótanos del poder, afectando la credibilidad y confianza en servidores públicos cuyo desempeño debe ser legitimado por el consenso social.
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