La violencia contra periodistas es la marca de un México donde la irracionalidad arremete sistemáticamente contra individuos e instituciones, con la huella más reciente en Nayarit donde ocurrió la desaparición de tres personas relacionadas con medios de comunicación, de las cuales una fue asesinada, otra continúa en situación de desaparecida y la tercera retornó con su familia, recalcando la vulnerabilidad de la prensa y el enraizamiento de la impunidad como rendición del Estado mexicano.
La muerte del periodista Luis Martín Sánchez Íñiguez, corresponsal del diario La Jornada en Nayarit, es la enésima certificación violenta de un gobierno, el de Andrés Manuel López Obrador, que de manera cotidiana arremete contra empresas y trabajadores de la información, aversión presidencial que los criminales interpretan como licencia para atacar bestialmente a quienes ejercen la libertad de expresión.
La delincuencia y corrupción organizadas, aunadas a la intolerancia de los políticos, se están creciendo en las diversas regiones del país para plasmar la peor época de ataques al periodismo, ya sea través de la estigmatización mediante calumnias, la orquestación de campañas de denostación desde el anonimato en las redes sociales y la privación de la libertad y asesinatos. Los 37 periodistas asesinados desde que López Obrador asumió el cargo, seis de ellos en lo que va de 2023, testimonian la magnitud del alto riesgo.
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Las agresiones no cesan en las diferentes formas de embestida, como la que circuló desde el anonimato el viernes 8 de junio en el contexto de la marcha que convocó el Partido Sinaloense supuestamente para la exigencia de paz, y la activación de la UAS al día siguiente en cruceros viales con la bandera de defensa de la autonomía universitaria.
Ese día, cobardemente, fue inducida una falsa conversación de WhatsApp que comprometía a directivos de Línea Directa, Los Noticieristas y Noroeste recibiendo instrucciones del Gobierno de Sinaloa para no darle coberturas a las manifestaciones UAS-PAS.
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¿Quién detendrá esto? Si desde el pódium presidencial se azuza contra la prensa, si la delincuencia descifra tales incitaciones como permiso para arremeter contra los comunicadores, y si la inacción de la ley se convierte en el motor de dichos ataques criminales, entonces lo único que queda es resistir y jugarse la vida por informar profesionalmente a la sociedad, o bien renunciar a la obligación de garantizarles a los ciudadanos el derecho a la información. Son los sucesos violentos de Nayarit los que ahora nos colocan en tal dilema.
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