Contrario a la máxima judicial que establece que la justicia debe ser pronta y expedita, el juicio contra el ex alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, por posible desempeño irregular de la función pública, confirma que los factores y actores responsables de hacer valer la ley se tornan lentos y permisivos ante funcionarios cuyos actos delictivos desvanecen por la injerencia de intereses políticos.
Al ser diferida por sexta ocasión la audiencia inicial del caso Azteca Lighting, empresa a la que el imputado le compró 400 millones de pesos en lámparas led mediante asignación directa esquivando el requisito legal de licitación por concurso, se le aportan argumentos a la conversación ciudadana que sostiene que la norma jurídica se aplica con criterios dispares, beneficiando a los poderosos y siendo dura contra los segmentos económicamente débiles.
Benítez Torres y el Poder Judicial le aportan a la percepción social de la coartada para la impunidad a través del paso del tiempo y el olvido del daño causado a las finanzas del municipio de Mazatlán, afectando de refilón otros casos en los cuales fiscales y jueces avanzan con rapidez para la imputación de cargos punibles y determinación de sentencias firmes.
Ayer con el mismo argumento de mala salud, pues la defensa argumentó que Benítez Torres no se ha recuperado de la cirugía en un ojo a la que se sometió el 14 de junio, saltaron al debate público las dudas de si en efecto el juzgado verifica la veracidad de que el padecimiento existe al grado de entorpecer la labor judicial, o bien es una celada legaloide de los abogados defensores para retrasar el proceso judicial que sí ha corrido puntual para los coacusados del caso Azteca Lighting.
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Hay que cuidar la equidad, pertinencia y decencia del sistema judicial estatal sobre todo en estos momentos en que otros personajes de relieve político acudirán a los tribunales a las audiencias de imputación derivadas de carpetas de investigación por desempeño irregular de la función pública. No vaya siendo que la confianza en las instituciones de enjuiciamiento se desmorone debido a exageradas prebendas para unos y severas actuaciones para otros.
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