Con la audiencia de imputación de cargos al rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Jesús Madueña Molina, y al abogado general de la misma institución educativa, Robespierre Lizárraga Otero, hoy inicia el juicio contra autoridades de la UAS por abuso de autoridad, y el próximo viernes 21 de julio deberán acudir ante la justicia a responder por delitos tipificados como desempeño irregular de la función pública.

Este día, independientemente del desahogo de pruebas por parte de la Fiscalía General del Estado como acusadora, y los funcionarios de la UAS como acusados, dependerá del criterio judicial y no de valoraciones políticas la definición de responsabilidades o inocencias en lo referente a la negativa de la Universidad a ser revisada en sus cuentas por la Auditoría Superior del Estado, así como probables daños causados a las finanzas de la casa de estudios.

El contexto en que ocurre el proceso penal requiere de la observación de los sinaloenses en general y de la labor transparente del Poder Judicial, pues se trata del centro educativo que representa la única oportunidad de una carrera profesional para miles de jóvenes de escasos ingresos económicos, cuya buena o mala educación tiene que ver con el manejo honesto del dinero público asignado a la UAS para que lo destine a más calidad de la enseñanza siempre con la mayor rendición de cuentas.

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Los elementos de tensión que inciden al iniciar el juicio contra directivos de la UAS de ninguna manera deben entorpecer el trabajo de fiscales, jueces y defensa de los indiciados. Mientras el rector Madueña moviliza a universitarios para que lo defiendan y el ex director de Compras de la Universidad, Héctor Melesio Cuén Díaz, se ampara para que la Fiscalía no revise sus movimientos bancarios y propiedades, por su parte la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado da a conocer que en la revisión a la cuenta pública por ingresos propios de la UAS de 2022, se encontró un posible daño al patrimonio de la institución educativa por 466 millones de pesos.

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La imputación de cargos en las audiencias de hoy y del próximo viernes es el comienzo del trabajo jurídico que sin las injerencias de actores o intereses ajenos a la justicia está obligado a atender la aspiración ciudadana de combate a la corrupción donde sea que ésta se perpetre, sin importar las fuerzas que se movilicen para frenar la acción de la ley ni la injerencia de poderes formales o fácticos que se alían con tal de que sigan intactos los modus vivendi y operandi sustentados en recursos públicos.