Resultó mayor de lo que se creía el problema de los lugares que retienen contra su voluntad a personas para utilizarlas en el trabajo forzado ya que el desmantelamiento de dos sitios de este tipo en el municipio de Angostura, en los cuales han sido rescatadas 57 víctimas, delata la muy probable existencia de otros puntos en Sinaloa que detrás de la fachada de centros de rehabilitación operan como mafias de trata de seres humanos.
Con los resultados obtenidos por las autoridades estatales se adquieren elementos para la revisión de alrededor de 120 albergues que de manera irregular se establecieron con la supuesta función de rescatar de las drogas y alcoholismo a hombres y mujeres y tal propósito es cuestionado hoy con las evidencias a la mano: ubicar y desarticular dos establecimientos ilícitos en menos de una semana está denunciando la dimensión del fenómeno.
En dichos centros clandestinos anulan los derechos fundamentales de los internos y hasta existen en los juzgados de Sinaloa carpetas de investigación donde para “curar” a los adictos se ha llegado al extremo de cometer homicidios dolosos, derivado de que se trata de procedimientos no supervisados por las instituciones de salud pública, e inclusive se les niega el acceso a las autoridades sanitarias.
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Tanto el gobernador Rubén Rocha Moya como su secretario de Salud, Cuitláhuac González Galindo, ofrecen la revisión exhaustiva de estos centros ante la posibilidad de que también retengan a ciudadanos violentando sus derechos, sin embargo, más que declaraciones oficiales al calor de la coyuntura que demuestra la gravedad del delito en Sinaloa, lo que se requiere es la mayor voluntad y coordinación para llevar a buenos términos los operativos cerrándole todos los medios, sean del tipo que sean, a la delincuencia que no deja de sorprender por los métodos con los que perpetra sus crímenes.
“¿Para qué los tienen ahí, los ponen a trabajar, los tienen para trabajo forzado del campo, los tienen para forzarlos en la comisión de delitos, qué tipo de delitos, si del fuero común o fuero federal?”, preguntó el martes el gobernador Rocha en la conferencia de prensa semanal, dejando las respuestas a cargo de las autoridades competentes.
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Tienen la palabra las fiscalías generales de Sinaloa y de la República en la obligación de desarmar las redes de trata de personas y la corrupción que las invisibiliza en medio de colonias y comunidades rurales.
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