Culiacán, Sinaloa.- Aquí vino hasta el personal de limpieza de la UAS, para una audiencia judicial que se canceló. Hoy comparecerían un rector, un ex rector y los funcionarios que integran el comité de compras de la Universidad señalados de ser los presuntos responsables de una serie de compras indebidas.

Afuera estaba otro funcionario, Wilfrido Ibarra, quien desde un micrófono y altavoz aseguraba que el gobierno de Sinaloa y la Fiscalía General del Estado tenían una persecución política tal como sucedió en 1968, cuando la represión del gobierno federal contra el movimiento estudiantil que reclamaba derechos de libertad.

Esta vez la represión que decía el funcionario Ibarra fue con una manifestación de casi 2 mil personas a las afueras de los juzgados para intentar entrar a las salas de audiencia. Tanta fue la presión que se habilitó una segunda sala para el público que quería escuchar los señalamientos de la Fiscalía Anticorrupción, mientras que los policías procesales bromeaban diciendo que “mejor hubieran puesto pantallas a las afueras de los juzgados”.

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Afuera había carpas, lonas y paraguas guareciendo a esas casi dos mil personas acaloradas, pero presentes, renunciando a sus vacaciones para convertirse en animadores de un grupo de personas acusadas de haber hecho compras irregulares durante tres años.

Abogados de este caso confiaron a Revista ESPEJO que en 2020 se gastaron 12 millones 769 mil 600 pesos; en 2021 fueron 18 millones 662 mil 200 pesos; en 2022 fueron 9 millones 114 mil 280 pesos a una red de proveedores con empresas que no existen.

Esas compras se hicieron a empresas sin empleados, que tampoco entregaron tortillas, que debían comer jóvenes de casas del estudiante que no iban a clases porque había una declaratoria de pandemia por Covid-19.

Dentro de las salas había cerca de 140 personas, sin contar a los abogados y los imputados, aunque no todos vinieron.

Los acusados son el rector Jesús Madueña Molina y el ex rector Juan Eulogio Guerra Liera, así como Salvador Pérez MartínezSoila Maribel Gaxiola CamachoJorge Pérez RubioÓscar Orlando GuadrónManuel de Jesús Lara SalazarIsmael García, Norma Alicia Aguilar Navarro y Héctor Melesio Cuén Díaz, miembros del comité de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras públicas de la Universidad.

Faltaron dos de esas personas, Ismael García y Norma Alicia Aguilar Navarro. El primero por un problema oftalmológico y la segunda ni siquiera abogado mandó para representarla.

La situación se puso incómoda antes de comenzar, cuando la administradora de la sala comenzó a registrar a cada implicado por sus posiciones dentro de la Universidad y los ingresos que perciben de manera mensual. Aquí, por ejemplo, se presentó Héctor Melesio Cuén Díaz, quien renunció a la dirección de Bienes Inventarios de la UAS, pero sigue percibiendo un sueldo.

El juez Adán Alberto Salazar hizo que se presentara uno por uno y hasta que repitieran sus nombres como lo que son: unos desconocidos quienes siempre han pedido se les llame como Doctor, Maestro o Licenciado ante los medios de comunicación, pero aquí solo son imputados por un caso de corrupción puestos para aclarar cómo se gastaron el dinero de la UAS.

La audiencia se canceló porque la Fiscalía Anticorrupción no entregó las carpetas de investigación a los imputados.

Incluso, Robespierre Lizárraga Otero se quejó porque siendo el abogado de la Universidad le había sido negado el derecho de conocer la investigación antes de la audiencia. La causa, dijo el Fiscal Marco Antonio Álvarez Armenta, es que existe un potencial conflicto de interés, cuyo impacto puede afectar tanto como para que este sirva para defender la causa de los imputados y no de la UAS.

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Esta audiencia volverá a repetirse, pero el 31 de agosto, pues el juez dijo que un mes y medio era tiempo suficiente para analizar el expediente de 24 tomos. Aunque hubo resistencia de los funcionarios de la UAS y sus abogados, quienes pedían de 3 a 4 meses porque también quieren disfrutar de su periodo vacacional.