En otra de esas secrecías que al final de cuentas operan a favor de los presuntos delincuentes y en contra de las víctimas, la Fiscalía General del Estado mantiene bajo reserva el avance de la investigación sobre el fraude cometido por la empresa financiera Inverplux en perjuicio de más de cuatro mil ahorradores, considerado una de las más grandes estafas cometidas en Sinaloa y hasta hoy en la impunidad.

A pesar de que hay miles de afectados en espera de que la carpeta de investigación sea integrada de manera adecuada y sea llevada ante la justicia, han pasado cinco meses sin que esté detenido algunos de los responsables y con alrededor de 758 denuncias interpuestas el Ministerio Público actúa con baja prioridad mientras los fraudeadores van aprisa en evadir la acción de la ley, repitiéndose la historia de indagatorias prolongadas y sanciones no consumadas.

Una investigación realizada por el periodista Marcos Vizcarra, publicada en ESPEJO Revista Digital el lunes 14 de agosto, expone nuevos eslabones del caso Inverplux pues después de dominar la hipótesis de que son de Sinaloa los perpetradores del robo de 4 mil millones de pesos en ahorros de particulares, aparece en el Registro Público del Comercio de la Secretaría de Economía otro posible socio principal involucrado, Roberto Trujano Martínez, con domicilio en el Estado de México.

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Con la misma justificante de que no revela información para evitar el entorpecimiento de las investigaciones, la Fiscalía da la impresión de tener pocos resultados, carecer del equipo humano y técnico para sacar adelante las indagatorias e integrar así otro caso irresuelto, como ha ocurrido en tantos delitos cuando el tortuguismo en las pesquisas ha sido la víspera de la impunidad en agravio de los afectados y para disfrute de los victimarios.

Tampoco existe la importante campaña de orientación a los ciudadanos que les ayude a detectar timos que ofrecen altos rendimientos del dinero y desde el inicio traen el tufo del fraude.

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La escasa prevención en esos delitos, aunado a la poca eficacia en la investigación, ubicación, detención y sanción de los criminales, es lo que deja en total indefensión a las víctimas y alienta a potenciales victimarios a que reediten las expoliaciones sabiendo que la justicia nunca los alcanzará.