Detrás de todos los movimientos en los aparatos de poder existen motivaciones que bien pueden ser la ineficiencia o el ascenso y búsqueda de posiciones de mayor jerarquía, sin que sea entendible un cambio, como el realizado por el gobernador Rubén Rocha Moya al remover del cargo al secretario de Obras Públicas, José Luis Zavala Cabanillas, como accidente político ni sacudidas al Gabinete por mero ejercicio de quitar y poner.

Es el desconocimiento de los motivos lo que causa mayor inquietud en los sinaloenses en general, y en los colaboradores del gobernador en lo particular, dando pauta a supuestos que en la mayoría de las veces se adaptan a la lógica popular de “piensa mal y acertarás”, que equivale al viejo esquema donde la desinformación es igual a confusión y el desconcierto opera para la desconfianza en los estilos y programas del Ejecutivo estatal.

Cuando se trata de la dependencia que tiene a su cargo la realización de la obra pública, una de las áreas bajo mayor vigilancia por la lupa social, las conjeturas crecen y tendrían que ser debidamente esclarecidas por quienes toman las decisiones, en este caso Rubén Rocha, quien al mover a Zavala Cabanillas a la Promoción y Competitividad Económica de la Secretaría de Economía, detona otros cambios súbitos de funcionarios.

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Es del conocimiento público, y el propio gobernador lo ha dicho así, que el nuevo secretario de Obras Públicas, Joaquín Alberto Landeros Güicho, es gente de todas sus confianzas pues lo ha acompañado durante años en el servicio público. El gobernador también defiende los ajustes en su equipo de trabajo al señalar que “los hacemos de acuerdo a las necesidades del equipo. No fue por incompetencia, ha trabajado bien, necesitamos hacer un ajuste ahí, eso fue todo. Pero él ha trabajado bien”. ¿Es aceptable la justificación de que se prescinde de quien tiene un buen desempeño en cargos de gobierno?

Es normal, además de positivo, que los servidores públicos estén bajo un permanente proceso de evaluación y deban salir de los puestos que ocupan si no cumplen con los estándares de eficiencia, honestidad y cercanía con los ciudadanos.

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Lo atípico es que se proceda al cese, o bien al enroque, de funcionarios que por buen cumplimiento de su deber, deban ser castigados en vez de estimulados para que le sigan cumpliendo a Sinaloa.