A la decisión del Juez de Control que vinculó a proceso al rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa por el presunto delito de abuso de autoridad, al obstaculizar los trabajos de fiscalización que la Auditoría Superior del Estado intentó realizar en la institución educativa, debe entendérsele como avance en materia de rendición de cuentas en el manejo de recursos públicos.

La medida judicial dictada, que seguramente se le determinará también al abogado general de la UAS, Robespierre Lizárraga Otero, que fue quien encabezó la obstrucción a la ASE, significa la advertencia puntual a todos aquellos sujetos obligados a la transparencia que a través de diferentes argucias y desidias pretenden esconder la utilización de fondos financieros para que la lupa ciudadana esté imposibilitada a hacer lo propio.

Las autoridades de la UAS incurrieron en manejos erróneos en lo concerniente a la carpeta de investigación que la Fiscalía General del Estado abrió sobre este caso, ya que aparte de negarse a la auditoría incurrieron en alegatos poco creíbles para el juez siendo los hechos de negar haber recibido recursos públicos del gobierno de Rubén Rocha Moya y afirmar que el rector Madueña no estuvo enterado del procedimiento solicitado por el órgano auditor.

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Otro escenario existiera hoy en la Universidad y las instancias de administración de justicia si la casa de estudios hubiera permitido la revisión de sus estados contables y administrativos, ya que al resistirse a ser fiscalizada aportó elementos para que la Auditoría Mayor y la sociedad sospecharan del incumplimiento a la responsabilidad de todo ente público de dar cuentas claras y recibir a cambio el aval social de la confianza.

Aunque son los actuales funcionarios de la UAS los que están sentados en el banquillo de la justicia, la vinculación a proceso vale como moraleja para las instituciones que el pueblo sostiene económicamente vía pago de impuestos, con la única condición de saber los ciudadanos en qué y cómo se utiliza cada peso.

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La rendición de cuentas no es un capricho ni concesión dada a unos y quitada a otros; es una obligación cuyo incumplimiento debe ser enérgicamente sancionado por la ley.