Culiacán, Sinaloa.- El Juez de control, Adán Alberto Salazar Gastélum, evidencia su parcialidad al ceder ante la Fiscalía General del Estado (FGE) y asignar una audiencia especial para discutir el presunto conflicto de interés durante la audiencia inicial por presunto desempeño irregular de la función pública y ejercicio indebido de la función pública en contra del rector Jesús Madueña Molina, el ex rector Juan Eulogia Guerra Liera y los integrantes del Comité de Adquisiciones, señalaron los defensores legales de la Casa Rosalina, quienes afirman que la Fiscalía busca un asesor jurídico a modo que no represente los intereses de la Universidad.

Y es que el pasado 21 de julio el mismo Juez tomó protesta como asesor legal de la UAS al licenciado José Ramón Bonilla Rojas, decidiendo que en una audiencia posterior se discutiría, pero hoy, su criterio cambió y decidió a favor de los intereses de la Fiscalía, violando la Autonomía Universitaria al no respetar la decisión del H. Consejo Universitario, detalló la Universidad en un comunicado.

“La Fiscalía argumenta que hay un conflicto de intereses derivado de que somos universitarios, se les hizo saber que nuestro nombramiento, hablando del licenciado Yamir Valdez, doctor Robespierre Lizárraga y un servidor como asesor jurídico de la UAS, parte ofendida, se lo debemos al Consejo Universitario, el Consejo nos nombró, la máxima autoridad de la UAS, sin embargo, aún con argumentos el juez no los aceptó (…) Esta claro que la Fiscalía quiere un asesor jurídico a modo, y está desconociendo el nombramiento del propio Consejo Universitario”, destacó Bonilla Rojas.

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Asimismo, durante la audiencia, Robespierre Lizárraga Otero y José Ramón Bonilla Rojas, hicieron uso del recurso de revocación para echar atrás la decisión del juez y se tomara la protesta del cargo, pero fue el Juez quien decidió desconocer el recurso y programó la audiencia especial para el 30 de agosto.

“Lo que tenemos aquí es una parcialidad totalmente del juez y criterios a modo, los cuales no representan los intereses de la Universidad; le aclaro y comunico, porque esto va a suceder, el juez va a intentar y lo va hacer en complicidad con la Fiscalía (…) solamente la justicia Federal nos va a reponer para estar defendiendo los intereses de la Universidad en el proceso penal, eso lo tenemos claro”, expresó.

Lizárraga Otero argumentó que con esta decisión se violan los Derechos Humanos de toda una comunidad universitaria, acudiendo a una audiencia sin la debida asesoría legal, pero harán uso de todos los instrumentos legales que la Constitución, la Convencionalidad y las Leyes les otorgan.

“Lo que acabamos de atestiguar en esta audiencia no solamente es  la parcialidad, si una de las evidentes, claras y flagrantes violaciones a Derechos Humanos, en este caso, no solamente contra una persona cualquiera, sino contra la persona moral oficial que es la Universidad Autónoma de Sinaloa (…) tanto el Juez, como la Fiscalía, tienen un actuar, no solamente parcial, abusivo y hasta peligroso para el Estado de Derecho en Sinaloa”, resaltó.

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Cabe destacar que la FGE designó el próximo viernes para que los acusados acudan por las carpetas de investigación que no se les hizo entrega, al igual que las copias faltantes que complementan las carpetas que ya fueron recogidas, posponiendo la audiencia para el próximo 11 de octubre.