La solicitud de la Universidad Autónoma de Sinaloa al Gobierno del Estado para que le otorgue en 2024 un presupuesto de 2 mil 640 millones de pesos, que significa un incremento del 15 por ciento en relación a lo asignado en el año en curso, debe venir acompañada de un profundo compromiso por la rendición de cuentas, tal como se le exige a cualquier institución que recibe recursos públicos.

Precisamente cuando funcionarios de la UAS, entre éstos el rector Jesús Madueña y el abogado general Robespierre Lizárraga, son llevados a los tribunales por oponerse a que la Auditoría Superior del Estado le revise el gasto a la casa de estudios, la transparencia requiere de cumplimientos tal como lo establece la ley y no de canonjías de excepción como lo plantea la cúpula directiva universitaria.

La resistencia de la UAS a ser fiscalizada en el recurso que le asigna el gobierno estatal y aquel dinero etiquetado como ingresos propios que tiene que ver con la captación directa por inscripciones de alumnos, está generando en la opinión pública la percepción de que algo esconde quien no clarifica sus cuentas internas.

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Si bien es cierto que la solicitud al gobierno de Rubén Rocha Moya para que le otorgue el subsidio a la UAS es un procedimiento regular al estar por integrarse el paquete presupuestal estatal de 2024, igual debiera darse por hecho que la oposición de la Universidad a la transparencia, rendición de cuentas y acceso a la información pudiera ser razón suficiente para que el dinero se le entregara a condición de que explique en qué y cómo lo gasta.

Al mismo tiempo, la evasiva que la Universidad esgrime ante los tribunales penales es que no rinde cuentas porque no recibe recursos estatales, subterfugio legaloide que cae por su propio peso con la solicitud de la casa de estudios para que el Gobierno de Sinaloa la incluya en el presupuesto de egresos del año próximo. Entonces, colocando en su lugar cada elemento del debate jurídico-político, a la UAS se le acaba de pillar tratando de engañar a los tribunales judiciales y, lo más grave, a la sociedad sinaloense.