Al ser diferida por cuarta ocasión la audiencia inicial contra el abogado general de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Robespierre Lizárraga Otero, acusado de abuso de autoridad, la pregunta que deriva tiene que ver con el papel que desempeña en el caso la Fiscalía General del Estado con las omisiones que entorpecen y aplazan la labor del Poder Judicial poniendo en entredicho la premisa de justicia pronta y expedita.

De nuevo el juez de control ofreció otra fecha para intentar el inicio del juicio, el 22 de septiembre, debido a que los defensores del director jurídico de la UAS solicitaron tiempo para analizar un tomo de más de mil fojas que de última hora les entregó el Ministerio Público, ocasionando que la justicia se estanque en abono a la estrategia del imputados que insiste en presentarse como víctimas de persecución política.

La vinculación a proceso que se le dictaría a Lizárraga Otero, según el mismo indiciado ha previsto que ocurrirá, por obstruir las labores de la Auditoría Superior del Estado en la fiscalización de recursos públicos que gasta la Universidad, está pausada por las maniobras dilatorias del área jurídica de la institución educativa y las desidias de la FGE a pesar de que ha tenido tiempo suficiente para integrar las pruebas en un caso que lleva meses ventilándose en juzgados.

Leer más: “La transparencia no se regatea”, dice Ricardo Madrid a la UAS

La Fiscalía le aporta a la confusión causada por las conjeturas contrapuestas que las partes del conflicto esgrimen en el terreno de lo político cobrando velocidad las suspicacias en la conversación pública, porque las evidencias en el ámbito de lo legal llegan a cuentagotas y dificultan que los ánimos se templen mediante la a acción de la ley. ¿Se trata de una situación deliberada de la FGE o de ineficiencias y falta de capacidades técnicas en la integración de los expedientes de acusación?

Justicia demorada es justicia negada establece otra de las máximas totales de la función del sistema judicial y todo indica que en el juicio de la Fiscalía contra la UAS amenaza la impunidad no porque se demuestre que los delitos cometidos no existieron sino por la ralentízación de la labor de fiscales que le impide al juez avanzar en las deliberaciones. Tómense el tiempo que quieran; el verdicto ciudadano vendrá puntual para darle a cada cual lo que el tribunal social determine.