Aún en la militarización de la seguridad pública de Sinaloa debe reconocerse el nivel de decisión del Gobernador Rubén Rocha Moya como principal responsable de que la población viva en tranquilidad y estado de derecho, dos condiciones torales para la convivencia y el desarrollo en paz que sólo son posibles en la coordinación entre los mandos militares y civiles.

Todo indica que en tal sentido se avanzó ayer con la designación en la Secretaría de Seguridad Pública estatal de perfiles no castrenses como son los casos de Jesús Manuel Gastelo Hermosillo en la Dirección de Servicios de Protección y Xóchitl Félix Cuadras como directora de Servicios de Apoyo, a quienes les dio posesión el General retirado Gerardo Mérida Sánchez, recién nombrado titular de la SSP del Gobierno de Sinaloa.

Después de que corrió fuerte la versión de que Mérida Sánchez integraría a su equipo de trabajo a militares traídos de otras partes del país, lo que originó la molestia de Rocha Moya, el secretario de seguridad acompañado por funcionarios que ya encontró en la dependencia optó por atender la indicación del gobernador en el sentido de rechazar a externos que no tienen el visto bueno del mandatario y dar los cargos a gente local sí aprobada por el jefe del Ejecutivo estatal.

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Es decir, el gobernador aceptó solamente las asignaciones que realizó la Secretaría de la Defensa Nacional siendo éstos Mérida Sánchez como secretario y Leoncio Pedro García Alatorre en la subsecretaría de Seguridad, Prevención y Reinserción Social, permitiendo que algunos que ya formaban parte de la institución le dieran continuidad a programas de protección ciudadana que están en curso desde el inicio del gobierno de Rocha Moya.

Por tratarse de una de las áreas más sensibles de la administración pública estatal, la seguridad pública debe estar bajo el control absoluto del gobernador, con la coadyuvancia del Ejército y Guardia Nacional que determinó el Gobierno Federal en la controversial militarización.

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Es la primera ocasión que un mandatario local le establece límites a la Sedena en decisiones que toma en Sinaloa y ojalá que ello ayude a combatir la violencia con rigor contra la delincuencia y absoluto respeto de los derechos de ciudadanos de bien.