Más allá de las presiones, el argumento de la persecución política y la amenaza de que paralizarán el estado, los funcionarios de la Universidad Autónoma de Sinaloa, encabezados por el rector Jesús Madueña Molina, tendrán que concentrarse en demostrar ante los tribunales judiciales que no cometieron los delitos de abuso de autoridad y compras irregulares con recursos públicos, de los cuales los acusan la Fiscalía General y la Auditoría Superior del Estado.

Hasta hoy Madueña, el abogado de la UAS Robespierre Lizárraga ascendido ayer al cargo de secretario general, y los integrantes del Comité de Adquisiciones, han elegido la ruta propagandística para decirse inocentes y acosados pero no aportan a la defensa frente a las carpetas de investigación integradas por el Ministerio Público en una de las cuales el rector ya fue vinculado a proceso y está a punto de que el juez de control le inicie el segundo juicio.

Es decir, las acusaciones de que cometieron abuso de autoridad al oponerse a que la ASE revisara el gasto de recursos estatales entregados a la Universidad, y la existencia de una red de proveedores a la que injustificadamente le compraron en cantidades inexplicables y a precios exagerados, están a disposición de los tribunales y los defensores de los imputados ya tienen en sus manos esa información, sin embargo, los universitarios indiciados se aferran a la estrategia política y descuidan la maniobra jurídica.

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Este día el rector de la UAS acude a una nueva cita en el juzgado que lleva el asunto de la presunta compra de tortillas por un monto de 18 millones de pesos, adquiridas en el periodo 2020-2021 cuando las actividades en la casa de estudios se hallaban suspendidas debido a la pandemia de coronavirus.

De esto no hablan aquellos que prefieren la altisonancia de decirse víctimas y optan por negarle a la sociedad las explicaciones que merece y que por ley están obligados a ofrecer en transparencia de oficio.

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Importa insistir que no es la UAS la que está a disposición de los tribunales sino funcionarios de ésta que hicieron cosas irregulares, en la opacidad y sin atender las licitaciones correspondientes para adquirir materiales y suministros, por lo cual son llamados a rendir cuentas. Quienes postulan que se deje impune este atraco a la Universidad son los que se benefician del botín, nunca los sinaloenses que exigen una casa rosalina libre de ataduras y de corrupción.