Cuando permea la descoordinación desde el discurso que emiten los responsables de la seguridad pública, la delincuencia podría darle la lectura de debilidad institucional para combatirla y de permiso para atentar contra la integridad física, patrimonial y emocional de los ciudadanos que desde el buen ejemplo construyen alternativas de paz, certidumbre, justicia y oportunidades lícitas de desarrollo.

El reciente diferendo entre el secretario de Seguridad Pública, General retirado Gerardo Mérida Sánchez, quien habría declarado a Sinaloa como punto estratégico para la distribución de fentanilo, y el gobernador Rubén Rocha Moya, que calificó dicha información de “mala nota, indebida, impropia, porque además no es cierto” contribuye a la hipótesis de la inconexión institucional en políticas para la tranquilidad de la población.

El titular de la SSP debe entender que la información del área a su cargo es de alta sensibilidad y cada cosa que se diga o se guarde debe ser analizada en el contexto del efecto que tendrá para los sinaloenses, pues de lo contrario el resultado será la confusión agregada al tema de por sí difícil de socializar como es la contención de la delincuencia, en el cual la ciudadanía siempre intuye esfuerzos insuficientes.

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Rocha Moya, por su parte, podría evitar reclamos públicos a funcionarios de la SSP y formular estos en privado y en las mesas de coordinación de seguridad pública, ya que dos amonestaciones en menos de dos semanas (la primera por intentar Mérida Sánchez copar a la SSP con militares afines y la segunda en el caso del fentanilo) estarían siendo descifradas por los criminales como cisma en la cúpula gubernamental que realiza las tareas de pacificación del estado.

Las labores que realizan en Sinaloa el Ejército, la Guardia Nacional y la Policía Estatal Preventiva necesitan de objetivos sólidos determinados con la afinidad de voluntades y maniobras, cerrándole el paso a la dispersión que a la postre significaría metas y operativos malogrados.

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La primera condición para avanzar en seguridad pública en Sinaloa tiene que ver con la unificación de fuerzas y estrategias frente a delincuentes que sí exhiben capacidad numérica, logística y de equipamiento.