Balance educativo: La gestión de Graciela Domínguez Nava

Por: Gustavo Rojas, director general de Mexicanos Primero Sinaloa

En las últimas semanas, la titular de la SEPyC, Graciela Domínguez Nava ha hecho pública su intención de participar en la contienda para una diputación federal. De concretarse su salida, heredará a quien le reemplace en el gabinete del gobernador Rocha Moya una agenda marcada por grandes desafíos. Muchos de ellos, permanecen sin una respuesta eficaz desde que accedió al puesto en noviembre de 2021.

La administración que lideró la secretaria tuvo como primera gran tarea consolidar el regreso a clases presenciales después de la pandemia. En Sinaloa este proceso había iniciado en abril de 2021, a través de la estrategia de Centros Comunitarios de Aprendizaje. Con un semestre de regreso a la escuela en el cuerpo, la administración de Domínguez Nava daría el empujón final para un regreso pleno durante el 2022.

La reapertura total del sistema educativo puso en evidencia grandes necesidades y desafíos. En primera instancia, las condiciones de infraestructura escolar mostraron toda su insuficiencia. La antigüedad y precariedad de muchos planteles se vio agravada por robos, saqueos y abandono. Aunque este último problema se abordó adecuadamente a través de una estrategia de vigilancia con participación de las comunidades escolares, el problema de fondo permanece sin resolver.

A pesar de que tanto la circunstancia como el criterio pedagógico obligaban a hacer de la atención a las consecuencias socioeducativas de la pandemia la primera prioridad, los primeros meses de la gestión de Domínguez Nava estuvieron marcados por una alta conflictividad con actores sindicales. Diversas problemáticas movilizaron a la sección 27 del SNTE, que llevó a cabo paros laborales que la autoridad supo atender y resolver.

La determinación con la que se atendió a la disputas con algunos sectores del magisterio, no se vio para construir una agenda de política educativa con pertinencia local. En palabras simples, gran parte de la gestión de la SEPyC durante el mandato de Domínguez Nava consistió en replicar la línea discursiva y las prioridades programáticas de la conducción federal del sistema educativo. En tanto, los problemas de aprendizaje y el deterioro de infraestructura comenzaban a volverse evidentes.

Con escasa apertura al diálogo con organismos cívicos importantes y respetados en el estado tales como Mexicanos Primeros Sinaloa, la SEPyC optó por ser caja de resonancia de las malas decisiones de política educativa impulsadas tanto por la secretaria Delfina Gómez (hoy gobernadora del Estado de México) y de la secretaria Leticia Ramírez.

Sinaloa fue uno de los estados que levantó la mano para pilotear la reforma del programa de estudio de educación básica que aterrizaba la Nueva Escuela Mexicana. Pilotaje que nunca se dio pues la SEP impuso la implementación de una reforma inacabada y técnicamente deficiente a las 32 entidades federativas. Y también fue uno de los estados que aceptó sin ningún tipo de reparo la desaparición de las Escuelas de Tiempo Completo que despojó a 1,036 comunidades de un programa educativo con probados efectos positivos.

En paralelo, la presión social expresada a través de protestas y cortes de vialidades, venía a recordar que -a pesar del silencio y las puertas cerradas- los problemas educativos seguían allí. Las carencias de infraestructura se volvieron evidentes para la opinión pública y obligaron tanto a la SEPyC como al ISIFE a tomar cartas en el asunto.

Se inició así un proceso de revisión de la problemática que determinó que, en Sinaloa, una de cada dos escuelas requiere algún trabajo de reparación, mantenimiento o reconstrucción. A la fecha, la autoridad educativa aún no presenta una estimación del costo total de dar a todas las escuelas una infraestructura digna, ni una estrategia con responsabilidades y plazos en los que satisfacer estas necesidades. Por cierto, esto no incluye los daños causados en las escuelas que dejó el huracán Norma.

Frente a este escenario, Mexicanos Primero Sinaloa publicó el libro Educación en Sinaloa: Crisis sin respuesta que expone de manera detallada, un análisis de la política educativa estatal y nacional. En este libro se sostiene que, dadas las condiciones, el sistema educativo sinaloense vivía una crisis educativa que estaba siendo ignorada. Aunque la respuesta de la autoridad fue descalificar el libro, y con ello la intención de llamar la atención y generar un cambio de actitud, finalmente serían los datos los que confirmarían la advertencia.

A través de investigaciones como el Índice Global de Aprendizaje y el análisis de las evaluaciones formativas de Mejoredu, se confirmó que en Sinaloa las niñas y niños van a la escuela pero no aprenden en ellas. Aunque hay historias de resiliencia educativa en municipios como Escuinapa y Elota que merecen ser destacadas, los aprendizajes en lectura y matemáticas alcanzan niveles preocupantes. Y lo socioemocional ni siquiera ha sido tomado en cuenta.

No tendrá una encomienda fácil quien deba reemplazar a Graciela Domínguez Nava en la conducción de la SEPyC y del sistema educativo estatal. Garantizar el derecho a la educación de las niñas, niños y jóvenes en Sinaloa va mucho más allá que entregar más becas y dinero directamente a estudiantes y familias. Si no se corrige el rumbo y se vuelve a dar importancia a movilizar a docentes, directivos y familias para hacer que los estudiantes vayan a la escuela a aprender, no habrá transformación capaz de resistir la desigualdad de conocimientos, capacidades y oportunidades entre quienes sí reciben una buena educación y entre quienes no.