Textos Marcos Vizcarra / Ilustraciones Juan Panadero
Los quieren en silencio porque son almas de movimientos. Son líderes de pensamiento por la tierra y las culturas, de la libertad y la justicia.
En los últimos 10 años han asesinado a cuatro activistas, quienes buscaban a personas desaparecidas, quienes defendían la tierra o a los pueblos indígenas.
Han sido personas incómodas, sobre todo para gobiernos y movimientos políticos.
Actualmente hay 10 personas que tienen medidas de protección a su favor, pues han sido amenazadas, golpeadas, robadas y cuestionadas.
Román Rubio, el arrullo Tarámari
Román Rubio López conoció a los Tarámari 30 años antes de haber sido asesinado.
Un hombre que se convirtió en su amigo le habló de hombres y mujeres que viven en la Sierra Madre Occidental entre chozas y cuevas para tratar de sobrevivir.
Le contó de que allá arriba solo se tiene maíz, nopales y frijoles para poder comer, más todos aquellos animales que se pueden cazar y el agua de los ríos para beber. No más.
Eran historias de de una situación que hoy permanece, aunque ya no solo lo sabe Román, sino miles de personas después de fundar el Colectivo Tarahumara Sinaloense… Lee su historia completa acá.
Sandra Luz y la búsqueda pendiente
El 12 de mayo de 2012 fue asesinada. Un hombre se bajó de una camioneta color blanco, se colocó una capucha frente a ella y le disparó en 12 ocasiones. El cuerpo de la mujer recibió ocho de esas balas y la desangró provocándole una muerte inmediata.
Una mujer logró ver todo lo que sucedió. Por ella se sabe que ese día ambas habían estado en la Procuraduría General del Estado donde se reunieron con Martín Robles Armenta, subprocurador general del Estado, para discutir.
Ambas mujeres eran buscadoras, madres con hijos desaparecidos por hombres armados y policías.
En mayo de 2014 las desapariciones de personas no tenían un eco suficiente en las agendas de funcionarios o la prensa. Pocas personas, como el periodista Javier Valdez Cárdenas (+) pusieron atención y documentaron casos desde antes, cuando aún eran descritas como “levantones”.
Incluso, en ese tiempo buscar a personas desaparecidas podía ser causa de criminalización de personas, señalándolas como “encubridoras de criminales”. Así sucedió con Sandra Luz … Lee su historia completa acá.
Atilano Román no terminó el programa de radio
En 2009 Atilano Román y un grupo de comuneros de pueblos de Mazatlán y Concordia, comenzaron protestas por la construcción de la presa Picachos, el proyecto que desplazó a decenas de familias de distintos pueblos del sur de Sinaloa.
Realmente las inconformidades comenzaron en 2005, cuando empezó la construcción de la obra hídrica que a la fecha no tiene un funcionamiento agrícola, como se prometió y la falta de apoyos para el desplazamiento oficial no sucedió y ello provocó el movimiento comunal.
Román era uno de los líderes visibles del movimiento que aglutinó a más de mil habitantes de poblados como Copales, El Placer, San Marcos y Puerta de San Marcos, que buscaban indemnizaciones justas por sus tierras, corrales, árboles, pozos de agua, letrinas, devolución de cobros por avalúos, servicios y carreteras pavimentadas en los lugares de reubicación, construcción en réplica de viviendas afectadas, pago al daño de la tierra agrícola y ganadera, del valor de calles empedradas, iglesias, escuelas, hospitales… Lee su historia completa acá.
Ramón Corrales Vega contra las mineras
El 23 de mayo de 2014 fue encontrado el cuerpo de Ramón Corrales Vega en el municipio de Choix, asesinado luego de haber sido desaparecido.
Era líder campesino de Potrero de Cancio, Choix, y se convirtió en activista después de que el grupo minero Paradox Global Resources se instalara en esas tierras para la explotación de hierro.
En 2011 inició una serie de manifestaciones para acusar el despojo de tierras y deterioro de los campos donde cultivaban ajonjolí y cacahuate.
La empresa incumplió con lo pactado a cambio de la explotación de hierro: entregar regalías a los ejidatarios, además de pavimentar las calles, crear una clínica de salud y una tienda comunitaria, según los campesinos.
La reacción del Gobierno de Sinaloa fue la de iniciar averiguaciones previas por el delito de despojo, lo que calmó los ánimos de los campesinos durante dos años, pero no pasó a mayores.
En agosto y septiembre de 2013, los campesinos bloquearon 15 días el paso de vehículos y trabajadores a la mina Paradox, en demanda del pago de 5 millones de dólares que les adeuda la compañía desde 2006 por la extracción de 350 mil toneladas del mineral.
La empresa también incumplió el pavimentar las calles de la comunidad, ampliar la clínica de salud e introducir servicios públicos a cambio de explotar el yacimiento de 29 hectáreas.
En octubre de ese año 32 campesinos fueron detenidos por la Policía Ministerial, pero 17 permanecen prisioneros en el penal del poblado Felipe Ángeles, municipio de Ahome, pues el resto salieron libres por una revocación que hizo el Supremo Tribunal de Justicia.
Corrales Vega había permanecido escondido, pero un grupo armado lo encontró y le disparó con decenas de balas desde armas AK-47 y AR-15.
A la fecha no se tiene algún indicio para que el crimen pueda ser resuelto. Ello significó más que las averiguaciones previas. Desde esa fecha los campesinos no han vuelto a manifestarse.
La empresa siguió sus labores y para 2015, un año después del crimen, ya realizaba exploración para el proyecto Cerro Mozambique y continuar con la extracción de hierro de ese municipio, pero se retiró tras haber provocado un derrame de residuos tóxicos en 2015.
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