Culiacán, Sin.- Para la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el clima político en México en el marco del proceso electoral se encuentra viciado por discursos difamatorios y campañas de miedo que han sido impulsados mediante propaganda negra y desinformación contra el Gobierno Federal y la candidata presidencial, Claudia Sheinbaum.

Así lo dio a conocer luego de presentar su Primer Informe Sobre Violencia Política para la Protección y Defensa del Derecho a la Democracia, el cual abarca algunas manifestaciones de violencia política entre el 15 de febrero y el primero de marzo de 2024.

La CNDH expuso que algunas de estas manifestaciones pueden poner en riesgo el derecho a la democracia, como la difusión masiva del mensaje “narco presidente” en redes sociales, “campaña negra” que se gestó desde la marcha del pasado 18 de febrero con el discurso del consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, al referir que el país se encuentra en un “posible atentado contra la democracia del país”.

“En México, se tiene identificado el inicio de dicha campaña de desprestigio y desinformación, a partir de la publicación de una serie de reportajes presentados, de forma coordinada el 30 de enero de 2024, por medios como ProPublica, Deutshe Welle e InSight Crime, que posteriormente fueron retomados y reproducidos por medios nacionales y por el equipo de campaña de una de las candidatas a presidenta de la república, lo que detonó otra campaña sucia en redes sociales, principalmente en X, con la utilización del hashtag ‘NarcoPresidente’ y ‘NarcoCandidata’, que se mantienen en las listas de tendencias hasta la fecha”, se lee en el informe.

La Comisión resaltó que posterior a estos reportajes, se dio a conocer el uso de granjas de bots y trollcenter como parte de dicha estrategia de difamación, con el fin de impulsar y sostener una imagen negativa del presidente en redes sociales.

También mencionó un reportaje del medio Latinus presentado el pasado 16 de febrero en el que se observó la utilización de una persona “anónima” que da testimonio de supuestas entregas de recursos procedentes del narcotráfico para la campaña de AMLO en 2006.

“No puede escapar al presente análisis el que ciertos grupos de poder económico se han asociado con los medios de comunicación comercial para tratar de influir en los procesos democráticos en varios países latinoamericanos, y la mecánica que han venido utilizando: la apropiación de discursos de supuesto ‘malestar social’ (violaciones a derechos humanos, bajos salarios, falta de oportunidades, atención a grupos vulnerables) como estrategia para que sectores de la población afines a estas demandas apoyen las ‘causas’ que hoy día defienden, aun cuando en su historia y en sus ideales está visto que no comparten”, acusó.

De esta forma, la CNDH dijo haber monitoreado, del 15 de febrero al 1 de marzo de 2024, un total de 81 notas periodísticas, videos, columnas y artículos de opinión difundidos en diversos medios de comunicación que alertan sobre atentados o posibles riesgos que vulneran el Derecho a la Democracia por violencia política.

Entre estos posibles riesgos que vulneran el Derecho a la Democracia, la CNDH resaltó los asesinatos de candidatos y candidatas que se registraron en este periodo y algunos intentos de secuestros, pero también la filtración del número telefónico de Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez y del hijo del presidente, José Ramón López Beltrán.

Lo mismo la divulgación de “infundidos y falsas noticias” en la Marcha por la Democracia, así como de la campaña de desinformación en redes sociales “#NarcoPresidente” y #Narco Candidata.

A pesar de lo anterior, el informe de la CNDH considera que no estamos ante un escenario de polarización; sin embargo, indica que sí se nos quiere llevar a él por estrategia electoral de algunos actores, “muy habitual en el comportamiento de la oligarquía mexicana a los largo de nuestra historia”, se indica en el documento.

Asimismo, dieron a conocer que a partir de este informe construirán un registro institucional que dará seguimiento a las campañas, a los discursos de los candidatos y candidatos, las plataformas y propuestas, los spots y la propaganda, y a los eventos, así como a las noticias y opiniones emitidas en medios de comunicación y redes sociales, esto con el objeto de identificar las diversas manifestaciones que puedan poner en riesgo el derecho a la democracia.

“No es una distracción de nuestras funciones sustantivas, es su reforzamiento, porque se trata de un mecanismo auxiliar y un medio de seguimiento que permite visibilizar todas las formas de violencia política, todos los factores de riesgo que, bajo la perspectiva de los derechos humanos, pueden comprometer o vulnerar el libre ejercicio de los derechos político-electorales del pueblo”, se lee.

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