Es una falla del sistema de seguridad pública en Sinaloa el hecho de que transportistas de carga que movilizan cosechas del campo denuncien que son extorsionados por grupos delictivos al condicionarles el pago de “cobro de piso” para que puedan circular por caminos y carreteras, situación que está desde hace meses en la conversación colectiva, pero no en las mesas de los operativos policiacos y militares de combate a delitos.
Con las denuncias que mediante el anonimato realizan los afectados por esta estrategia criminal gana terreno la percepción de abandono y miedo en las actividades económicas, principalmente la agricultura que enfrenta una de sus peores crisis por la rentabilidad de los cultivos, la sequía y carencia de estímulos gubernamentales, poniendo en riesgo la producción alimentaria y la única fuente de subsistencia de miles de labriegos sinaloenses.
La alta delincuencia ha escalado a delitos no asociados al narcotráfico como la apropiación con fines de lucro de territorios estratégicos para el desarrollo, los controles de distritos de riego para suministrar agua a cambio del pago de sumas económicas, la participación en giros negros de venta de cerveza, dispensarios de mariguana y derivados y tabaco, y casas de apuestas que son minicasinos clandestinos.
Todo esto sucede con autoridades que fingen no ver aquello que los ciudadanos sí perciben y padecen, porque las instituciones de procuración e impartición de justicia no investigan ni hacen valer la ley, escudándose en la inexistencia de denuncias que son consecuencia del temor a correr riesgos por delincuentes que a tiempo se enteran de quién los delató.
Las autoridades de los ámbitos federal, estatal y municipal están obligadas a perseguir de oficio estos delitos que crecen desmesuradamente y que de no ser frenados afectarán a las actividades económicas en general, pues de lo contrario también saltará a la vista la complicidad con los que implementan el “cobro de piso” teniendo de antemano la impunidad a su favor.
El valor civil de víctimas que denuncian aún conociendo las posibles consecuencias debe ser respaldado con la necesaria fuerza pública y rigor de la ley sin que les tiemblen las corvas a los gobernantes.
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