El regreso de Donald Trump como candidato presidencial en Estados Unidos con una nueva dosis de discursos de odio en contra de la comunidad inmigrante en ese país debe alertar a todos los que trabajan con los migrantes irregulares para evitar que esto se convierta en una redada y termine en deportaciones masivas.
En una entrevista con el activista de derechos humanos en San Francisco, California, Ted Lewis, adelantó que las constantes agresiones de Trump en contra de la población migrante podría desencadenar en una ola de violencia. Así ocurrió el 3 de agosto, cuando Patrick Crusius asesinó a 23 personas en un ataque armado en un centro comercial en El Paso, Texas.
El activista Lewis sostiene: “El lenguaje extremista de Donald Trump nos va a llevar a masacres y genocidios en Estados Unidos si no detenemos esta política fascista. Desde que él decidió atacar a los migrantes indocumentados lo vimos con preocupación porque políticamente es muy poderoso”.
El entonces director de la organización no gubernamental Global Exchange puso el dedo en la llaga al señalar minuciosamente el discurso de odio en la historia de la humanidad: “Lo sabemos porque no es la primera vez que esto pasa en la historia universal. Hemos visto que el miedo del otro motiva un movimiento de la derecha de rechazo y finalmente llega al terrorismo equiparado con Hitler, Mussolini y otros políticos abiertamente fascistas”.
En 2017, Donald Trump ganó la presidencia de Estados Unidos con votos de los estados confederados abiertamente racistas y antimigrantes; el 12 de junio de ese año, dijo que deportaría a más de 2 mil personas indocumentadas a las que llamó criminales.
La política migratoria racista en Estados Unidos genera incertidumbre laboral y deprecia el salario de los trabajadores indocumentados. Además, genera agresiones directa de personas antimigrantes en contra de la población latina que va desde el insulto hasta el asesinato.
De ahí es necesario hacer memoria que la comunidad latina se ha movilizado para cambiar la narrativa en Estados Unidos, por ejemplo, el 1 de mayo de 2006, los migrantes detuvieron los engranes de la economía gringa con una manifestación masiva, ese año cientos de miles de trabajadores irregulares en California salieron a las calles a protestar lo que generó un caos y cerró el estado por completo.
La huelga de 2006 no consiguió cambios sustanciales en la política migratoria, pero demostró que la economía de Estados Unidos la sostienen los migrantes indocumentados, son quienes desde primera línea se entregan en cuerpo y alma al trabajo a pesar de que esto pone en peligro su vida como pasó con la pandemia de la covid-19.
En 2018 viajé a los estados de California, Washington, Arkansas y Florida en las entrevistas con la comunidad migrantes pude contactar que por lo menos nueve de cada 10 trabajadores que laboran en los campos agrícolas y avícolas son indocumentados; mientras que en servicios secundarios: hoteles, restaurantes, gasolinera, hospitales privadas y construcción de viviendas… siete de cada 10 tienen el mismo estatus migratorio.
En California hay experiencias de lucha que han logrado mejoras en los centros de trabajo. Por ejemplo, la huelga en contra de la uva que impulsó César Chávez en los años 80, permitió que los jornaleros agrícolas mejoraran las condiciones laborales y salario más equitativo.
Mientras que en Washington, la organización comunitaria La Resistencia logró avance en la política migratoria local; y el Sindicato de Familias Unidas consiguió contrato colectivo con la empresa Driscoll con el cual resolvieron el problema de robo de salario y despido injustificado.
La Coalición de Trabajadores de Immokale, en Florida, con sus movilizaciones conquistaron mejores derechos al firmar el código de conducta con las empresas de comidas rápida para que estas no compren jitomates a los granjeros que explotan a los jornaleros agrícolas.
Ante la posibilidad de que Donald Trump regrese a la Casa Blanca es necesario que los migrantes irregulares y las organizaciones comunitarias que los acompañan se reorganicen para impulsar campaña de defensa para detener las constante agresiones raciales.
Para los trabajadores mexicanos indocumentados su principal desafío es reforzar el movimiento promigrante, además de movilizarse en las calles para que no se modifiquen los códigos de conductas de policías locales hacia ellos, pero además pugnar por una ley migratoria más humana.
Por Kau Sirenio / X: @kausirenio
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