El rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa destituido, Jesús Madueña, y el que ocupa el cargo provisionalmente, Robespierre Lizárraga, se están jugando con las frecuentes movilizaciones el último recurso que les queda para evitar que el sistema de justicia les inicie los juicios derivados de al menos seis carpetas de investigación que la Fiscalía General del Estado ha presentado contra ellos por presuntos delitos de desempeño irregular de la función pública, abuso de autoridad y corrupción.
Con la manifestación de hoy, agregada a las que realizaron el viernes y sábado en Mazatlán por la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador, las autoridades de la UAS insisten en instalar en la opinión pública la idea de ataque a la autonomía y persecución política para que los sinaloenses dejen de percibir las vinculaciones a proceso ya dictadas por jueces de control, y las que están por determinarse contra Madueña, Lizárraga y otros ex funcionarios de la casa de estudios.
El sábado lograron la promesa de la Secretaría de Gobernación consistente en instalar un mesa de diálogo para abordar el tema de universitarios a disposición de los tribunales judiciales, pero ni ello logró que abrieran una tregua en las acciones de presión, lo que da a entender por anticipado que lo que menos quieren es llegar a acuerdos en beneficio de la UAS, la institución que es víctima en las afectaciones de sus finanzas, y de los estudiantes y profesores, que al ser llevados a la calle a manifestarse descuidan sus tareas de enseñanza-aprendizaje.
Es por ello que la batalla se libra entre los que se niegan a ser sentados en el banquillo de los acusados, y fiscales y jueces que están en la disyuntiva de aplicar la ley o ceder ante la reacción de los indiciados, encrucijada que también significa sacrificar la transparencia, honestidad y educación de calidad en la UAS con tal de dejarle pasar y dejarle hacer a la élite política que ha convertido a la Universidad en su botín durante casi dos décadas.
Más allá de los tintes políticos que adquiere este diferendo, y la perplejidad de hacer valer la justicia o suministrar impunidad, debe crearse conciencia social de lo que está en juego que es la posibilidad de miles de jóvenes por buena educación con la inversión en este propósito de todo el presupuesto que se le asigna a la UAS, sin desviarlo al enriquecimiento de los directivos formales o de facto de la casa de estudios.
Nadie debería estar vacilando hoy en la importancia de que las autoridades uaseñas vayan a los juzgados a defenderse y que, paralelamente, la casa rosalina entre rápido a recuperar la autonomía librándola de lastres que se aferran a corroerla.
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