Por Daniela Reyes / Causa Natura Media

México.- En el paquete de reformas constitucionales anunciadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 5 de febrero se incluye una serie de iniciativas en temas ambientales con aceptación por parte de la sociedad. Sin embargo, ante el breve plazo para acabar el sexenio corren el riesgo de que no haya tiempo para discutirlas y aprobarlas, de suerte que se utilicen con fines electorales y políticos, de acuerdo con Rodrigo Elizarrarás, analista y consultor en Humint Mx.

“No creo que el espíritu de esta serie de iniciativas incluya un fuerte componente ambiental pues denota que el sexenio ha sido así. Lo primero que llama la atención es el tiempo. Tantas iniciativas tan profundas a nivel constitucional, no va a dar tiempo de discutirlas en el periodo que queda. Son una serie de iniciativas que más bien van a servir para la discusión electoral y meten a la oposición en una suerte de aprieto para estar de acuerdo o no con esta agenda del presidente”, opinó.

 

Durante el sexenio de López Obrador se le ha dado poco énfasis a los temas ambientales. “Todo lo contrario, más bien ha sido una agenda que ha golpeado mucho, tanto a lo energético, al agua, ya no digamos el Tren Maya, la refinería y el desmantelamiento de muchísimas instituciones de gobierno”, señaló Elizarrarás.

Él considera que los temas ambientales incluidos en el paquete de reformas son “poco controvertidos”, ya que tienen la simpatía de la mayoría de la población, sin embargo, la industria va a ser un lobby muy fuerte para oponerse.

El caso de la propuesta de prohibición del fracking en territorio nacional, de eliminar la minería a cielo abierto, de prohibición del maíz genéticamente modificado, y de respetar las zonas con escasez de agua y garantizar agua para consumo personal son temas en los que la industria tiene grandes intereses, apuntó.

“Creo que estos temas no son polémicos, o sea, creo que cualquiera los aprobaría, pero van a encontrar un lobby fuerte de las industrias y eso es lo que probablemente las entierra, porque tampoco creo que nadie particularmente las vaya a defender”.

 

Debido a que los tres meses para discutir estas reformas son justo los tres meses más fuertes de las campañas electorales, Elizarrarás considera que se están poniendo en la mesa temas populares con soluciones simples para fines electorales.

“Estos procesos suelen llevar bastante más tiempo que tres o cuatro meses. Hoy ya tenemos febrero, marzo, abril. Son tres meses para aprobar todo esto. Algunas a lo mejor se van a la comisión permanente en el verano o se envían al siguiente periodo. Tampoco es un momento muy productivo del Congreso para ponerse a discutir tantos temas tan complicados al mismo tiempo. En realidad son tres meses y son los tres meses fuertes de campaña. Hay unos temas que son muy populares que en realidad lo que hacen es poner como toda una agenda de discusión en campaña para los partidos políticos”, explicó.

El paquete de reformas también considera “eliminar todas las dependencias y organismos onerosos y elitistas” como estrategia para ahorrar presupuesto, en el que se considera convertir el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) y la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (Conuee) en unidades administrativas de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para las dos primeras y de la Secretaría de Energía para la última.

De efectuarse, perderán presupuesto, capacidad para operar y autonomía, de acuerdo con el consultor, lo que las volvería inoperantes.

“La visión del presidente es mucho más neoliberal que la de los neoliberales al reducir el Estado al mínimo, que es lo que ha venido haciendo en los últimos años. Con una bandera de eficiencia ha ido reduciendo el Estado, al grado de tener dependencias con tres personas. Un ejemplo es la Conabio y la Conanp que han sido reducidas al mínimo con presupuestos raquíticos y es imposible que hagan su trabajo así”, señaló.

 

Las iniciativas de reformas constitucionales presentadas por el presidente fueron entregadas a la Cámara de Diputados para que las Comisiones competentes las atiendan, y en un plazo no mayor a 90 días emitirán un dictámen, una vez aprobado, se remitirá al Pleno para su discusión y si obtienen mayoría calificada, se enviarán al Senado.

Las comisiones del Senado tendrán 30 días para analizar y dictaminar las iniciativas de reformas a la Constitución y en caso de aprobarse, se remitirán al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) para entrar en vigor.

Las reformas están limitadas a lo que el Congreso indique en los plazos que tiene, en caso de retrasarse, el paquete de reformas podría pasar a la siguiente legislatura que inicia en septiembre, correspondiente al próximo sexenio.

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*Este artículo es una publicación original de Causa Natura.