El nuevo accidente con desenlace fatídico ocurrido ayer por la autopista Benito Juárez, a la altura de Alhuey, en el municipio de Angostura, refrenda el mal estado en que circula el transporte de pasajeros en Sinaloa y las omisiones del Gobierno del Estado, con el correspondiente elemento de corrupción, que les permiten a los concesionarios del servicio ir por las carreteras como ataúdes rodantes jalados por la impunidad.
Resulta inconcebible que después del accidente carretero ocurrido el 30 de enero por la misma vía, en el tramo Mazatlán-Culiacán, donde el choque de un autobús de pasajeros contra un camión de carga les causó la muerte a 23 personas, la Dirección de Vialidad y Transportes no haya realizado o no dé a conocer el informe sobre la situación del transporte de personas en Sinaloa con base a la verificación mecánica de los vehículos.
Se está incurriendo en negligencia criminal o bien los que tienen a cargo la revisión de las normas de seguridad del transporte acceden al soborno para dejar pasar y dejar hacer a propietarios y choferes que prestan el servicio, exponiendo a los usuarios a peligros mortales como los acontecidos en poco más de dos mes en las carreteras sinaloenses y ante los cuales las instituciones y sus funcionarios para lo único que muestran habilidades es para contar a las víctimas y minimizar los percances.
Tal ausencia de gobierno está costando demasiadas pérdidas de vidas humanas y ello no motiva a que los responsables paguen consecuencias jurídicas, pues esta forma de matar tiene mucho más que ver que las indemnizaciones que por ley deben otorgar las empresas del transporte a los deudos de los fallecidos en los accidentes, siendo cuestión de descuidos y simulaciones en la reposición de unidades o mínimamente el mantenimiento adecuado a estas.
A raíz de los sucesos terribles del 30 de enero se creyó que el Gobierno del Estado aplicaría con mayor rigor la normatividad en lo que respecta al transporte de pasajeros; con el deceso de cuatro personas ayer en otro accidente carretero queda a la vista que las autoridades siguen estancadas en el esquema omisivo de muerto el niño, a tapar el pozo.
Por dicha abulia oficial las responsabilidades se amplían desde quienes prestan el servicio con autobuses en pésimas condiciones mecánicas, hasta alcanzar a aquellos que lo permiten en el desempeño de la función pública.
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