En su visita a Culiacán, la candidata del Movimiento Regeneración Nacional a la Presidencia de México, Claudia Sheinbaum Pardo, consideró que a pesar de la situación de violencia política que ya muestra rasgos preocupantes en el país, la jornada electoral transcurrirá en paz el 2 de junio próximo y se declaró tranquila respecto a dicho tema porque el Gobierno Federal y el Instituto Nacional Electoral ya toman cartas en el asunto.
La aspirante a suceder en el cargo al mandatario federal de su mismo partido, Andrés Manuel López Obrador, se ciñe a la actitud dispuesta en Palacio Nacional consistente en minimizar los ataques a candidatos y dirigentes de partidos ocurridos en diferentes estados, sin que existan en los hechos estrategias para atender el panorama de violencia que agudizará en la medida que se acerque la fecha de emisión de los votos.
Lamentablemente la realidad es distinta a la que se trata de ocultar desde el régimen autodenominado Cuarta Transformación y como muestra el Primer Informe de Laboratorio Electoral titulado “Violencia Electoral proceso 2023-2024” documenta ya 50 casos de violencia electoral entre el 4 de junio del 2023 al 7 de febrero, de los cuales 33 son asesinatos donde 16 de las víctimas aspiraban a una candidatura.
Los hechos criminales asociados a las elecciones de 2018 en el contexto nacional y 2021 en el ámbito estatal causan la preocupación en partidos, candidatos y electores por la posible alteración del proceso democrático mediante la intervención de la delincuencia organizada operando como transgresores políticos, amenaza que el INE documentó en los comicios de hace seis años determinando que “la violencia criminal ya está en nuestras elecciones y mal se haría en negar este peligro que acecha a la más grande de nuestras prácticas democráticas”.
Sheinbaum debiera manifestar alta sensibilidad ante la autenticidad que vive México y al menos en lo concerniente a violencia electoral mostrar distancia del ardid gubernamental que niega la verdad aun teniéndola ante sí, cruda e intimidante.
Al tratarse de ciudadanos que aspiran legítimamente a cargos de elección popular o que salen a ejercer el derecho constitucional al sufragio libre, lo menos que estaría haciendo el Estado sería protegerlos con la mayor fuerza y voluntad que puedan tener la ley y quienes la hacen valer.
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