El crecimiento desordenado de las ciudades y el desmesurado aumento del tráfico vehicular, que han rebasado con mucho la normatividad y las medidas de seguridad y de educación vial, constituyen el mayor peligro de muerte que enfrentan los niños en México y en países de América Latina en la presente década. En México, un mil niños mueren atropellados cada año, según el reporte de la red internacional de educación vial y prevención de accidentes, Safe Kids México.
Aunque se supone que en las escuelas los niños estarán seguros, el trayecto diario que deben recorrer de su casa a la escuela y de la escuela a su casa es cada vez es cada vez más peligroso.
La campeona olímpica jamaicana Shelly-Ann Fraser-Pryce, que contribuyó al Informe “Calles para la Vida: Trayectos seguros y saludables para los niños de América Latina y el Caribe“, como parte de la campaña realizada con la Child Health Initiative, para lograr trayectos seguros y saludables a la escuela considera que “cada día, millones de niños en América Latina y el Caribe hacen ese trayecto tan importante: el trayecto a la escuela. Demasiados niños se ven expuestos a peligros severos, enfrentándose al tránsito que se mueve a una velocidad que amenaza a sus vidas, sin vías peatonales o cruces seguros”.
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“Nuestros niños simplemente están tratando de ir a la escuela y estamos fallando en nuestra obligación de mantenerlos sanos y salvos”, explica Shelly-Ann, que además es Embajadora de Buena Voluntad de UNICEF. El peligro diario al que se enfrentan los jóvenes en las carreteras de la región es una crisis para los derechos de los niños, amenaza su salud y es un importante reto para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en América Latina y el Caribe.
TRAYECTOS A LA ESCUELA, INSEGUROS
El informe, Calles para la Vida: Trayectos seguros y saludables para los niños de América Latina y el Caribe, publicado conjuntamente por UNICEF, Save the Children, la Fundación Gonzalo Rodríguez y la Fundación FIA, indica que las lesiones causadas por accidentes de tráfico son la principal causa de muerte de niños entre los cinco y los 14 años de edad en América Latina y el Caribe y que “los más vulnerables son los niños que habitan en vecindades de bajos ingresos, y en muchos países fallecen más niños como peatones que como pasajeros de vehículos”, y que “la protección básica generalmente no existe: el 88% de las carreteras analizadas en la región, no disponía de pasos peatonales en zonas, en las que las velocidades son superiores a los 40km/h y el 68% no disponían de vías peatonales formales”.
En Sinaloa, el problema de seguridad vial no es menos grave.
Los accidentes automovilísticos son la primera causa de muerte en jóvenes en edad productiva, y Sinaloa ocupa el primer lugar en el país con este problema, con una tasa de mortandad del 8.8 por ciento por cada 100 mil habitantes, tres veces más de la media nacional, según informó recientemente Luis Víctor Velazco Zayas, encargado del área de Prevención de Accidentes y Seguridad Vial de la Jurisdicción Sanitaria número Tres en Sinaloa.
NO HAY SALIDAS DE EMERGENCIA
Pero el grave rezago en la aplicación de la normatividad para dar seguridad a los niños no se circunscribe sólo a la vialidad, sino hasta el descuido en la aplicación de las normas de Protección Civil para la seguridad interna de los planteles, como señalización, puertas de evacuación y salidas de emergencia para casos de incendio, inundaciones o incidentes graves como los enfrentamientos masivos de la delincuencia organizada contra las fuerzas de seguridad pública, como los registrados en la ciudad de Culiacán conocidos, como “culiacanazos”, que no se cumple en la mayoría de las escuelas públicas.
A pesar de los incidentes como el incendio de la guardería ABC, de Hermosillo, Sonora, donde fallecieron por asfixia y quemados 49 niños, debido a que el edificio no contaba con salidas de emergencia, o de la muerte de 20 niños, al desplomarse el Colegio Rebsamen, en la ciudad de México, tras el terremoto de septiembre de 2017, donde se concluyó que el edificio no contaba con las normas necesarias de construcción, o las seis empleadas de la empresa Coppel, calcinadas al interior de la tienda Coppel Hidalgo, el 09 de noviembre del 2010, debido a que las salidas de emergencia de la tienda estaban cerradas con candados, hay un importante rezago en la vigilancia y la aplicación de la normatividad de protección civil en las escuelas.
¿Cuántos incidentes fatales más en escuelas deben ocurrir para que se aplique plenamente la normatividad de protección civil que garantice la seguridad de los alumnos en las escuelas?
Recientemente el Gobierno del Estado y el Ayuntamiento de Culiacán han empezado a poner atención a estos graves problemas de seguridad de los niños en las escuelas, construyendo pasos seguros y señalización de cruces cercanos a escuelas ubicadas cerca de vialidades conflictivas y a buscar alternativas para reducir los riegos de seguridad de los alumnos.
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LOS ENEMIGOS DE LOS NIÑOS
Sin embargo, resulta inconcebible que el gobierno tenga que enfrentar la oposición de grupos de vecinos que pretenden impedir la aplicación de la normatividad nacional de protección civil y la construcción de obras para garantizar la seguridad de los alumnos, como ha sucedido en la Escuela Secundaria Técnica Número 1, donde quieren evitar que se abra una salida alterna a la puerta principal, como lo establece la normatividad de protección civil, argumentando que se alterará la tranquilidad de su calle.
El cinco de enero de este 2023, miembros de la delincuencia organizada secuestraron, atravesaron e incendiaron un camión en el boulevard Lola Beltrán, cerrando el paso por esa vía, a unos metros de la entrada principal de la ETI1, como lo hicieron en muchas otras vialidades como parte de su estrategia para exigir la liberación de Ovidio Guzmán. Afortunadamente el gobernador del estado avisó a tiempo la suspensión de clases. De no haber sido así, los alumnos de la ETI 1 habrían quedado atrapados al momento del incidente porque la única de salida de ese plantel es precisamente hacia el boulevard Lola Beltrán donde se estaba incendiando el camión, y de donde provenían los disparos que se escucharon durante todo el día.
¿Están dispuestos los opositores a las obras de seguridad y protección civil de la ETI 1 a cargar con la responsabilidad de las vidas que se pueden perder en una eventual fatalidad (incendio, inundación, balaceras…), por oponerse a la construcción de salidas de emergencia de la escuela? ¿Quién asumirá la responsabilidad de la pérdida de vidas humanas en caso a una fatalidad?
El decreto PROY-NOM-009-SEGOB-2015, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 06 de julio de 2016 bajo el título “MEDIDAS DE PREVISIÓN, PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE RIESGOS EN CENTROS DE ATENCIÓN INFANTIL, EN LA MODALIDAD PÚBLICA, PRIVADA Y MIXTA” del Comité Consultivo Nacional de Normalización sobre Protección Civil y Prevención de Desastres, establece que “todo Centro de Atención Infantil con 3,000 o más metros cuadrados de construcción se considerará de riesgo alto” y que “deberá implementar y habilitar rutas de evacuación y salidas de emergencia (9.7)”, además de que deberá contar “al menos, una salida de emergencia, adicional a la entrada y salida de uso común, es decir, deben existir cuando menos 2 salidas” y que “de preferencia, la salida de emergencia deberá encontrarse en el extremo opuesto a la entrada y salida de uso común (inciso f)”.
El caso de la ETI1 es sólo una muestra de la inseguridad que viven los niños en el camino de la escuela y durante su estancia en la propia escuela.
Si mil niños son atropellados cada año en México ¿cuántos niños más deberán ser atropellados para despertar la conciencia social y que se diseñe y aplique una normatividad que los proteja y se realicen las obras necesarias para garantizar su seguridad? ¿Cuántos niños más deberán pagar con sus vidas por el egoísmo de quienes no les quieren ver pasar caminando frente a sus casas? ¿Permitirá la autoridad que una docena de vecinos con pancartas, impidan las obras que darán seguridad a miles de niños?
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La seguridad de los niños es prioritaria. Y la aplicación de la normatividad de protección civil es obligatoria.
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