Reflexiones

Iniciativa Sinaloa

Bolsa grande, nulos resultados

¿Cuánto nos costará el combate a la corrupción en Sinaloa este 2023?

Para este ejercicio fiscal del 2023 Sinaloa destinará cerca de 300 millones de pesos para el combate a la corrupción; el equivalente a 25 veces lo presupuestado para el Instituto de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de Sinaloa.

Dentro del apartado “Asignaciones Destinadas a la Anticorrupción” de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa se han contemplado 286 millones 822 mil 352 pesos que serán repartidos entre las diferentes instituciones encargadas de prevenir, investigar y sancionar la corrupción, sin embargo éstas se han quedado cortas en dicha encomienda.

Ejemplo de ello es la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas (STyRC) a quien este año se le destinarán 62 millones 037 mil pesos y cuyos resultados siguen siendo pobres en materia anticorrupción. La STyRC se ha caracterizado por un alto desinterés para iniciar nuevas carpetas de investigación por posibles faltas administrativas graves asociadas a corrupción y por la falta de conclusión de las ya iniciadas, a tal grado que desde Iniciativa Sinaloa hemos promovido amparos para que las autoridades jurisdiccionales le obliguen a darnos respuesta sobre el avance de las mismas. Entre 2016 a 2022, Iniciativa Sinaloa ha promovido cinco denuncias por casos de corrupción ante esta Secretaría, pero ninguna ha sido concluida

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Para evitar esta situación, el pasado 09 de diciembre en el marco del día internacional contra la corrupción presentamos una iniciativa de reforma a la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa para que las investigaciones por corrupción cuenten con un plazo de conclusión y se informe de su estatus legal.

De igual manera, la bolsa también contempla 39 millones 708 mil pesos que serán destinados a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, una fiscalía que este último año se destacó por ser ineficiente y de las peores a nivel nacional.

De acuerdo con la investigación del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y Tojil Estrategia, en el caso de Sinaloa se encontraron deficiencias como la falta de autonomía; un deficiente uso de los recursos; un nivel regular en capital humano, investigaciones y sanciones contra personal; una disminución de policías; una carga promedio baja de expedientes por ministerio público; un cumplimiento deficiente y en este 2022 judicializaron únicamente un caso.

Aunado a lo anterior también se suma la opacidad y discrecionalidad de su actuar, pues el último año mostró una marcada resistencia en la entrega de información en versión pública sobre 15 casos de corrupción, que fueron radicados en 2021. 

Sobre este caso, desde Iniciativa Sinaloa presentamos un juicio de amparo en contra de la Fiscalía y la Comisión Estatal de Acceso a la Información Pública (CEAIP), pues a pesar de que la primera nunca hizo entrega de la información, el órgano garante, quien este año recibirá cerca de 37 millones de pesos, otorgó Acuerdo de Cumplimiento. 

Por su parte la Auditoría Superior del Estado (ASE) y el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa estarán recibiendo 163 millones 616 mil pesos y 103 millones 505 pesos respectivamente, y en el caso del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción se le destinarán, a través de su Secretaría Ejecutiva, 17 millones 461 mil 986 pesos.

La bolsa anticorrupción viene grande, pero no podemos decir lo mismo de los resultados. 

Ni de unas, ni de otras. Lo anterior resulta preocupante, pues el 2023 será la antesala del proceso electoral del próximo año, ¿cuál será el papel de cada una de estas instituciones en un escenario que representa un “caldo de cultivo” para la creación y contratación de empresas fantasma, el desvío de recursos, lavado de dinero, entre otros?

El Sistema Anticorrupción, así como cada una de las instancias que integran su Comité Coordinador, nos han quedado a deber. Más allá de combatir la corrupción, simulan y se resisten.  

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Es importante no perder de vista el actuar de cada una de ellas y exigir una mayor rendición de cuentas. Desde Iniciativa Sinaloa seguiremos vigilando y monitoreando que se implementen las leyes, así como también buscaremos que se investigue pero principalmente que se sancionen casos por posible corrupción, tal y como lo hemos realizado a lo largo de estos doce años durante tres administraciones distintas y la incidencia ha sido enorme, acá los resultados

Las opiniones expresadas aquí son responsabilidad del autor y no necesariamente reflejan la línea editorial de ESPEJO.

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