Como todo gran avance en la historia de la humanidad, la transición al mundo digital ha sido ambivalente. Por un lado, favorece y acelera la globalización, pues permite el intercambio de conocimiento en menos de segundos desde cualquier punto del planeta. Por el otro, ha abierto nuevos panoramas para los delincuentes de diferentes ámbitos, los cuales comienzan a optar por atacar la infraestructura digital con diversas finalidades que van desde robos de identidad hasta chantajes a individuos, corporaciones e, incluso, gobiernos
La cada vez mayor y más estable conectividad a Internet ha permitido trasladar un alto porcentaje de nuestras actividades cotidianas a la red. En cuestión de unos años, aspectos de nuestra vida fueron traducidos a lenguaje de las computadoras para afianzarse en un nuevo entorno digital. Por supuesto, esto ha tenido incontables ventajas a lo ancho del planeta, sobre todo para economías desarrolladas o en vías de desarrollo.
En este nuevo contexto, la popular frase acuñada por Francis Bacon de “la información es poder” alcanza magnitudes sin precedentes. Cada movimiento, operación o publicación que realizamos en línea o a través de un dispositivo electrónico, deja una huella que se convierte en datos. Desde nuestra ubicación, hasta nuestros patrones de consumo y preferencias, todo se registra y almacena para su posterior análisis. Aquellos que tengan acceso a los datos de los 4.660 millones de personas que utilizan internet, controlan el mercado.
La situación a raíz del COVID-19 aceleró esta situación, ya que detonó exponencialmente el trabajo remoto en todo el mundo. Trabajadores de distintos giros y ámbitos reemplazaron sus oficinas por sus hogares, viéndose forzados a conectarse a través de internet a bases de datos, sistemas y otros recursos corporativos. El cambio llegó de improviso, por lo que la oportunidad de alcanzar esquemas de trabajo remotos llegó con mayor velocidad que la capacidad de prepararnos en materia de seguridad digital, pues se considera que el 95% de las brechas y pérdidas de información en línea se relaciona con errores humanos.
En consecuencia, no es de extrañar que la ciberseguridad se posicione como uno de los mayores retos del presente y futuro: en un mundo donde todo se encuentra en línea, el reto de mantenerlo privado es enorme. En menos de 6 meses, compañías de ciberseguridad y autoridades del mundo reportaron un incremento de 800% en ataques de esta índole, alcanzando una preocupante cifra de 4,000 ciberataques al día.
Hoy en día, se considera que los ciberataques provienen en su mayoría de estructuras globales de crimen organizado, situación que se refleja en nuestro país, que es considerado uno de los epicentros de este tipo de delitos. En 2016, México ocupaba el quinto lugar como el país con más redes configuradas para la ejecución de ataques dirigidos, situación que se ha agravado conforme se digitaliza al país a nivel individual y organizacional a un ritmo cada vez más acelerado. En 2018, solo por poner un ejemplo, un ataque a cinco instituciones financieras causó daños de más de 300 millones de pesos.
Los bancos de datos y almacenes de recursos son, sin duda, blancos altamente recurrentes para la delincuencia. Los móviles son muy variados, pues van desde obtener activos y cadenas de datos hasta atacar a enemigos o rivales políticos, económicos o en intereses. Hasta el terrorismo se ha llevado al entorno virtual, especialmente con los ataques para desinformar, chantajear o, específicamente, atacar a los medios de comunicación para tomar el control de sus herramientas para difusión de la información o, en su defecto, derrumbar sus páginas web.
Diversos medios nacionales y locales han reportado ciberataques en los últimos años; desde ataques para causar lentitud e inestabilidad en los servidores de los sitios web hasta manipulación del contenido que puede visualizarse en sus páginas. Además de la pérdida de información sensible y el enorme impacto financiero que resulta de estos ataques, existe una afectación aún peor: el daño a la libre expresión y a la libre prensa, derechos que, por ley, deben garantizarse a todos los mexicanos.
El ataque a medios de comunicación es reprobable y refleja una situación social peligrosa en la que dar conocimiento a las personas resulta en situaciones de riesgo. Podernos informar es un derecho humano que no debe ser alienado de ningún individuo, por lo que los medios de comunicación deben de contar con el respaldo y la protección para cumplir con su labor, independientemente de la perspectiva o el tinte político que manejen. Los ataques y atentados contra la prensa no han quedado atrás, simplemente han migrado al entorno digital junto con las demás actividades cotidianas.
Urge desarrollar las prácticas de ciberseguridad a la par de los avances en digitalización que hemos logrado para disminuir la creciente brecha entre la adopción del entorno virtual y las prácticas para hacerlo de manera segura. Como individuos, no podemos combatir a los criminales. Sin embargo, en el mundo digital, es imperativo que todos los usuarios de la red contemos con, al menos, las nociones básicas de ciberseguridad que nos permitan no cometer los errores que nos ponen en riesgo de caer en la red de asaltantes, fraudes y terroristas.
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