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Con Iniciativa | Amparo Anticorrupción: cuando la denuncia es insuficiente

¿Cómo confiar los ciudadanos en las instituciones si las autoridades están dilatando las investigaciones por corrupción?, ¿Cómo pretenden que los sistemas anticorrupción funcionen si las propias autoridades investigadoras inhiben la presentación de denuncias por corrupción?

Por Marlene León, directora de Iniciativa Sinaloa, A.C.

El pasado 20 de abril avanzó el amparo anticorrupción por caso Precasin ante la opacidad y probable inacción de las autoridades. Esto a partir de que la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas (STRC) del Gobierno del Estado de Sinaloa no mostrara avance alguno sobre la denuncia presentada por Iniciativa Sinaloa el pasado 27 de febrero de 2020, por posible corrupción derivada de la investigación: “Precasin, la caja negra del gobierno de Sinaloa.

Ante este panorama de inacción, desde Iniciativa Sinaloa decidimos recurrir a otra vía en el combate a la corrupción; la presentación de un amparo indirecto. Esto tras la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) del 28 de abril de 2021 donde reconocía el interés jurídico de los denunciantes de actos de corrupción administrativa para acudir al juicio de amparo ante la omisión de la autoridad.

Fue así que el 09 de diciembre de 2021 desde Iniciativa Sinaloa iniciamos un juicio de amparo indirecto y posteriormente el Juzgado Cuarto de Distrito con sede en Culiacán lo aceptó en todos sus términos. Esto representó un parteaguas en la lucha contra la corrupción y marcó la posibilidad de recurrir a una nueva vía cuando la denuncia ya no ha sido suficiente para combatirla.

No obstante, aunque para organizaciones de sociedad civil y ciudadanos interesados en el combate a la corrupción y que se especializan en el litigio estratégico, ésta resolución del Juzgado vino a sentar un precedente, también es de destacar que la respuesta de la autoridad al informe manda una señal de que el combate a la corrupción está cooptado.

Lo anterior, debido a que la autoridad responsable sostuvo en el informe “que no existe obligación legal en ningún ordenamiento jurídico de concluir una investigación en plazos específicos; y por el contrario, el plazo en toda investigación depende de las posibilidades fácticas y jurídicas existentes”

Esto último resulta lamentable ante un panorama donde las denuncias por corrupción se acumulan y no hay avances de las mismas, pues según el informe de gobierno con corte a 2020, la STRC con Quirino Ordaz Coppel se tenía un universo de mil 164 expedientes de investigaciones administrativas en trámite de los cuales sólo había concluido 68 investigaciones del total y para 2021 reportó que pretendía resolver 71 investigaciones.

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¿Cómo confiar los ciudadanos en las instituciones si las autoridades están dilatando las investigaciones por corrupción?, ¿Cómo pretenden que los sistemas anticorrupción funcionen si las propias autoridades investigadoras inhiben la presentación de denuncias por corrupción?.

Es necesario que las denuncias avancen porque las sanciones funcionan para inhibir futuros actos de corrupción, así como también es necesario que tanto Gobierno, como Comité de Participación Ciudadana y demás instancias que conforman el Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción, evalúen su actuar respecto a qué están haciendo para lograr la prevención, investigación y sanción de actos y delitos asociados a corrupción, y evitar la simulación, de lo contrario desde sociedad civil seguiremos apostando cada vez por encontrar aquellas vías jurídicas buscando que éstos hagan su labor en el combate a la corrupción.

Las opiniones expresadas aquí son responsabilidad del autor y no necesariamente reflejan la línea editorial de ESPEJO.

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