Por Marlene León, directora de Iniciativa Sinaloa, A.C.
Para el Congreso del Estado de Sinaloa no es prioridad la protección para periodistas y defensores de derechos humanos.
A partir de la ratificación de la Iniciativa de Ley de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Estado, en noviembre de 2021 y posteriormente la apertura de un parlamento abierto en febrero de 2022, el Poder Legislativo continúa postergando su aprobación.
A casi dos meses de haberse llevado a cabo un foro de Parlamento Abierto convocado por el propio congreso para escuchar a comunicadores y activistas, las y los diputados manifestaron su interés para sacar adelante la ley.
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“De parte de todas las diputadas y diputados les manifestamos nuestro compromiso para desarrollar este diálogo que en aras de hacer nuestro trabajo en lo que concierne al proceso de legislación a propósito de la Ley de Protección de Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos”, declaró en aquella ocasión Feliciano Castro, presidente de la Junta de Coordinación Política del congreso local.
Sin embargo, la apertura de dicho foro no garantizó ni ha garantizado su aprobación inmediata. Y es que, al igual que la pasada LXIII legislatura, nuevamente los esfuerzos por contar con un marco legislativo que brinde protección a periodistas y defensores de derechos humanos se quedaron únicamente en un ejercicio simulado de participación ciudadana.
Esto resulta preocupante pues manda señales de una legislatura que utiliza mecanismos como el Parlamento Abierto para tratar de legitimar su interés en el tema en un contexto donde las agresiones van en aumento.
De acuerdo con ARTICLE 19 en su informe 2021, en México se registró una agresión contra la prensa cada 14 horas; se documentaron 44 ataques en todo el año y en lo que va del sexenio, 33 periodistas han sido asesinados/as. De estos, 7 en 2021 y 8 en el primer trimestre de 2022.
Para el caso de Sinaloa de enero a octubre de 2021 fueron 14 agresiones registradas a periodistas en el estado, entre ellos reporteros, columnistas y cartonistas, según cifras de la Comisión de Defensa de Derechos Humanos en Sinaloa.
En este escenario donde las agresiones aumentan, y los constantes ataques no cesan es urgente que los legisladores den pronta dictaminación y aprobación a la iniciativa; pues además de la presentada por periodistas y activistas también se suman una del Partido Revolucionario Institucional (PRI), y otra por Morena.
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La pasada legislatura nos enseñó que, así se realicen decenas de mesas de trabajo, foros y ejercicios de participación ciudadana, éstos serán en vano si no vienen acompañados de voluntad política, una voluntad política tan reclamada y ansiada por una comunidad cada vez más vulnerada, violentada y olvidada.
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