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Con Iniciativa | #DenunciamosLaCorrupción, una iniciativa para combatir la impunidad

Un usuario de Twitter nos preguntó hace días, en nuestra cuenta institucional @IniSinaloa, si la Función Pública realmente está atendiendo nuestras denuncias. Le respondimos que avanza a paso lento, pero avanza. Quizá faltaría agregar que solo en casos específicos donde no se afectan intereses políticos. 

 Miriam Ramírez / Coordinadora de Proyectos en Iniciativa Sinaloa A.C.

Desde 2019, Iniciativa Sinaloa (IS) forma parte del programa Border Hub para la Frontera Norte, que concentra sus esfuerzos en el fortalecimiento del periodismo de investigación con enfoque anticorrupción en una zona del país donde hay altos índices de violencia, marginación, pobreza, violaciones a derechos humanos y mucha impunidad.

Una de nuestras tareas en el Border Hub es lograr que las investigaciones periodísticas incidan en mejoras de políticas públicas, vinculación entre sociedad civil y tomadores de decisiones y/o hasta en sanciones contra funcionarios responsables por actos de corrupción, entre otras acciones. Y eso, no ha sido una tarea fácil.

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Los periodistas que se han sumado al Border Hub desde 2019, han publicado reportajes en Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. El panorama de corrupción que estos trabajos retratan, desde todo tipo de ángulos, es alarmante.

Y es que en IS hemos analizado los hallazgos de 35 investigaciones periodísticas publicadas por el Border Hub y en 16 casos, es decir casi en la mitad, encontramos elementos para presentar denuncias administrativas por faltas graves y no graves cometidas por servidores públicos de diferentes niveles y dependencias.  

Preocupa demasiado que en más de la mitad de los casos que denunciamos, un 62 por ciento, detectamos actos que pudieran presumirse como desvío de recursos, peculado y cohecho. Faltas graves relacionadas con la corrupción que son sancionadas con cárcel e inhabilitación en el servicio público.

En menor cantidad, pero también con una presencia significativa, hemos identificado presuntos actos de participación ilícita en procesos administrativos, utilización de información falsa, abuso de funciones, colusión, encubrimiento y  tráfico de influencias.

Destaca además, la evidencia de que el conflicto de interés tiene una arraigada presencia en la administración pública. De 16 denuncias que hemos interpuesto, en 13 casos hemos encontrado elementos para señalar el conflicto de interés.

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Tras tres años empujando estas acciones, hemos decidido lanzar la campaña #DenunciamosLaCorrupción, que ha estado circulando en semanas pasadas en nuestras redes sociales y con la cual buscamos informarle a la ciudadanía de estos actos de corrupción que las autoridades deben investigar, deslindar responsabilidades y sancionar para la no repetición.

Ya logramos en 2020 la inhabilitación de la ex administradora del CAICE, un centro creado para atender a los sobrevivientes del incendio de la Guardería ABC y a sus familiares en Hermosillo, Sonora.

La ex funcionaria fue acusada de negligencia administrativa y fue inhabilitada para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público por un plazo de 12 años. La sanción entró en vigor el 4 de diciembre de 2020 y concluirá el 3 de diciembre de 2032.

La sanción deriva de un reportaje publicado el 17 de diciembre de 2019 por el periodista sonorense Alán Aviña, “Familiares de funcionaria del IMSS se enriquecieron con tragedia de guardería ABC” .

Sin embargo, la respuesta no ha sido la misma en las otras 16 denuncias administrativas. Actualmente, nueve denuncias llevan meses en etapa de recepción en dependencias como la Secretaría de la Función Pública y en el gobierno de Baja California.

Por ejemplo, en julio de 2020 presentamos una denuncia administrativa por los hallazgos documentados por los periodistas Armando Nieblas y Cristian Torres en el reportaje “Las Aguas Negras de Kiko Vega”, una investigación que cuenta cómo se beneficiaron personas cercanas al ex gobernador Francisco Vega con la construcción de una planta desaladora en Baja California.

En esta denuncia señalamos las presuntas faltas de cohecho y actuación bajo conflicto de interés en contra de quienes resulten responsables.

Tras casi año y medio, la Secretaría de la Honestidad y Función Pública de Baja California mantiene nuestra denuncia en etapa de recepción.

Otro caso es el reportaje “Jóvenes engañados les roban la beca de AMLO” que realizó un equipo de periodistas de Nuevo León, en el que se documentaron las estrategias utilizadas por un grupo de particulares para engañar a becarios del programa y desviar recursos públicos.

Derivado de este reportaje, el 4 de febrero de este año denunciamos ante la Secretaría de la Función Pública los presuntos actos de peculado, desvío de recursos públicos, abuso de funciones, utilización de información falsa y uso indebido de recursos públicos.

Sin embargo, hasta la fecha, la Función Pública mantiene esta denuncia en etapa de recepción.

Un usuario de Twitter nos preguntó hace días, en nuestra cuenta institucional @IniSinaloa, si la Función Pública realmente está atendiendo nuestras denuncias. Le respondimos que avanza a paso lento, pero avanza. Quizá faltaría agregar que solo en casos específicos donde no se afectan intereses políticos. 

Y es que mientras nuestro sistema anticorrupción responda a voluntades políticas poco lograremos en este esfuerzo por reducir la impunidad de la corrupción. 

Las opiniones expresadas aquí son responsabilidad del autor y no necesariamente reflejan la línea editorial de ESPEJO.

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