Reflexiones

Iniciativa Sinaloa

Con Iniciativa | El error del Gobierno de Rocha y el urgente servicio profesional de carrera

Los distintos hechos registrados en días pasados reflejan que la corrupción está institucionaliza y se requiere una sociedad crítica que ponga freno a ello. 

Por Norma Sánchez / integrante de la Asamblea de Gobierno de Iniciativa Sinaloa y ex presidenta del Comité de Participación Ciudadana de Sinaloa 

Incluir como objetivo de la actual Política Anticorrupción de Sinaloa las acciones para implementar un servicio profesional de carrera en la administración pública, bajo los principios de mérito, eficiencia, consistencia estructural y capacidad funcional, demostrarían el compromiso del Gobierno para combatir la arbitrariedad y el abuso de poder.  

En Sinaloa recientemente ocurrieron distintos hechos que van en sentido contrario. Ignorando el espíritu que dio origen en México al Sistema Nacional  Anticorrupción, el Gobierno de Rubén Rocha Moya ha intervenido de manera  abierta en procesos para asignar a personas cercanas a sus intereses, en cargos públicos.  

Sabemos que así “ha sido siempre”, frase con la que muchas personas intentan  justificar los errores que ya mostró el Poder Ejecutivo que ha tomado protesta apenas el 31 de octubre pasado.  

Pero no hay que desviar la atención.

La formalización de un servicio profesional de carrera es una deuda del gobierno antes concentrado en el PRI y el PAN en Sinaloa, y ahora de Morena. Los distintos hechos registrados en días pasados reflejan que la corrupción está institucionaliza y se requiere una sociedad crítica que ponga freno a ello.  

LEE MÁS: Los retos del Gobierno de Rubén Rocha Moya en materia económica

El primer caso fue la selección de Sara Bruna Quiñonez como Fiscal General del  Estado de Sinaloa. Si bien la Coordinación General del Consejo Estatal de Seguridad Públicas (CESP) difundió en tiempo real las comparecencias de las  personas aspirantes al cargo -un criterio de máxima publicidad que antes se  negaron a cumplir quienes integraban este órgano del Sistema de Seguridad  Pública-, omitió dar a conocer la valoración de perfiles y la metodología objetiva  en los que aparentemente se basaron para elegir la quinteta.  

Luego las propuestas llegaron al Poder Ejecutivo, y el Gobernador Rubén Rocha Moya optó por continuar las malas prácticas de elegir sin argumentos objetivos de valoración de perfiles. Y, finalmente, sus tres propuestas llegaron al Poder Legislativo, donde -nuevamente- las y los legisladores demostraron su  incapacidad para elegir mediante un proceso abierto, transparente y certero.  

LEE MÁS: Ya hay Fiscal y es Sara Bruna Quiñónez; lo que sigue es acompañarla y exigirle buenos resultados

Pocos días después de este proceso, el Poder Legislativo se equivocó nuevamente. Eligió a tres nuevas personas magistradas del Poder Judicial, poniendo en duda su compromiso con el control de la corrupción, que se refleja  cuando optas por elegir perfiles para el ejercicio público, sin capacidades ni mérito, privilegiando las cuotas o los intereses de un partido político o grupo.  

Esto no habría sido tan grave si no fuera porque una de las personas elegidas es esposa del actual Secretario de Gobierno del Poder Ejecutivo, Enrique Inzunza Cázarez, quien además es el segundo responsable de la política interna  del Estado.  

Las evaluaciones objetivas e incluso los exámenes de oposición son herramientas que ya empiezan a ser comunes en varias entidades del país como Aguascalientes y la Ciudad de México. En Sinaloa esto no ha ocurrido.

Tampoco se vislumbra un interés de los poderes del Estado para implementar un servicio profesional de carrera que garantice que los perfiles competentes podrán continuar en el servicio público, como muchos deseamos.  

También sorprendió la declaración de Graciela Domínguez, ex diputada local de  Morena y actual Secretaria de Educación Pública, al defender a una profesora recién egresada de la escuela para un cargo directivo de la entidad pública. Sorprende porque el perfil de Graciela se ha apegado históricamente a las causas de combate a la corrupción, y lo ocurrido se contrapone con los mecanismos que demuestran la idoneidad para un cargo.  

Estos hechos recientes del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial de Sinaloa reflejan la incapacidad de actuación íntegra que debe distinguir al servicio público. La captura de las instituciones públicas a través de la selección de  perfiles elegidos más por amistad, parentesco o deudas de campaña es una práctica de corrupción. No hay más. 

Las opiniones expresadas aquí son responsabilidad del autor y no necesariamente reflejan la línea editorial de ESPEJO.

Comentarios

Recientes

Ver más

Reflexiones

Ver todas

Especiales

Ver todas

    Reporte Espejo