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Iniciativa Sinaloa

Con Iniciativa | El negocio de los minipartidos y la degradación de la ética política

Un paso ineludible para sanear la vida social y pública de nuestro país será la conformación de una nueva ética partidista y la renovación del marco jurídico

Por Sibely Cañedo

Los partidos políticos sobresalen entre las instituciones que generan mayor desconfianza entre la ciudadanía. Y uno de tantos motivos es que se han convertido en un instrumento para el enriquecimiento privado y no tanto para el fortalecimiento de la democracia, como lo establece la Constitución y la Ley General de Partidos Políticos (LGPP)

Un claro ejemplo han sido los llamados “minipartidos”, que en México han operado como una especie de partidos satélite, siempre en función de alianzas de coyuntura, sin hacer aportaciones significativas a la vida pública. 

Pero eso sí, en muchos casos se aprovechan de los vacíos del sistema jurídico electoral para cobrar sus prerrogativas, hacer un uso indebido de los recursos públicos y evadir las sanciones correspondientes.

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Por mencionar uno: el Partido Encuentro Social (PES) perdió el registro hace cuatro años y aún debe multas por más de 60 millones de pesos al Instituto Nacional Electoral (INE), luego de acumular 1,348 sanciones en 2018.  

Además, ello no fue impedimento para que la agrupación ultraconservadora “reviviera” como Partido Encuentro Solidario y participara en los comicios de 2021, tras los cuales desapareció nuevamente  al no alcanzar en las votaciones el 3% del padrón electoral.

Lo anterior fue parte de los hallazgos del policy paper “Los límites de la fiscalización electoral en México: el negocio de los minipartidos”, de la autoría del investigador Ángel Leyva. Se trató de un esfuerzo de Iniciativa Sinaloa AC en coordinación con el Centro Internacional para Periodistas (ICFJ por sus siglas en inglés), con el fin de proponer soluciones de política pública a esta problemática.

Además de cerrarle el paso a la creación de nuevos partidos cuyos dirigentes adeuden el pago de sanciones por mal uso del financiamiento público, el policy paper plantea la necesidad de introducir un código de ética para los representantes y funcionarios partidistas, así como para las y los candidatos. Actualmente, evaden responsabilidades al aducir que no son funcionarios públicos, y como tal, no se les aplican las mismas leyes, en este caso la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Durante la presentación del estudio, el doctor Ernesto Hernández Norzagaray lamentó que se ha perdido la esencia de los partidos como instituciones que representan a determinados grupos sociales o defienden causas legítimas, como la justicia laboral o  la preservación del medio ambiente, sino que prácticamente cualquier grupo de individuos puede formar un partido si cumplen ciertos requisitos indicados en la LGPP, aunque lo hagan con fines totalmente distintos al bien común. 

Ve el video de la presentación:

Falta de ética y degradación de la vida partidista

La degradación ha sido tal, que las prácticas asociadas tradicionalmente a partidos como el PRI y el PAN, hoy por hoy son vistas en el partido en el poder, emanado de la izquierda y de fuerzas sociales diversas que prometían una transformación. 

El reciente proceso interno de Morena dejó al descubierto lo peor del viejo régimen: acarreos, compra y coacción del voto, uso de recursos públicos, entre muchos otros actos denunciados no solo por la oposición, sino por los propios morenistas. 

Lo mismo ocurrió en el proceso político de 2021, con la designación arbitraria de candidatos en Morena, que le trajo al partido de la “esperanza” la desconfianza de un amplio sector de los ciudadanos.

En Sinaloa, alianzas totalmente pragmáticas sin un sustento ético o ideológico, como la que se dio entre Morena y el PAS, acentuaron la división y el desencanto entre parte del electorado. Y no se diga después: con el constante “chapulineo” de políticos de un partido a otro, en función de intereses personales y de la búsqueda del poder por el poder.

Si bien la apertura a más asociaciones partidarias ha contribuido a la pluralidad política y al fin de un régimen autoritario donde imperó el PRI-Gobierno por más de siete décadas, también es verdad que los partidos son la vía para llegar al poder público y sus plataformas electorales constituyen la base de lo que serán sus gobiernos, en caso de alcanzar el triunfo en las urnas.  Así, la ética y los principios con que se conduzcan son fundamentales para garantizar un ejercicio que derive en el cumplimiento de las funciones del Estado y de los derechos humanos, y esto debería ser tomado en cuenta a la hora de otorgar facilidades para la creación de fuerzas partidistas.

Frente a este panorama –y a propósito del actual debate para reformar la ley electoral–, es necesario insistir en que la funcionalidad de los partidos debe estar basada en principios constitucionales y democráticos, apoyada en prácticas de transparencia y rendición de cuentas, como las descritas en el estudio “Los límites de la fiscalización electoral…”. 

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La investigación propone una serie de recomendaciones para poner candados a la utilización de los partidos políticos como negocio privado.

Sin embargo, un paso ineludible para sanear la vida social y pública de nuestro país será la conformación de una nueva ética partidista y la renovación del marco jurídico, para aplicar mayores responsabilidades a quienes desde los partidos acceden a cuantiosos recursos públicos.

Descarga el documento completo: https://iniciativasinaloa.org.mx/wp-content/uploads/2022/06/Policy-paper-2022.pdf

Las opiniones expresadas aquí son responsabilidad del autor y no necesariamente reflejan la línea editorial de ESPEJO.

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