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Iniciativa Sinaloa

Con iniciativa | Preocupante la estigmatización contra la prensa desde el discurso oficial

“La desacreditación constante de periodistas y activistas, genera un ambiente de permisividad en el que erróneamente se entiende que las agresiones a la prensa son toleradas y justificadas”.

Por Miriam Ramírez / Coordinadora de Proyectos en Iniciativa Sinaloa

El viernes 1 de julio, 20 organizaciones de la sociedad civil, colectivos de periodistas y organizaciones internacionales por la defensa de la libertad de expresión, presentamos en una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) un video de cuatro  minutos con 28 segundos en el que se muestra una recopilación de los constantes discursos estigmatizantes que las autoridades de los tres niveles de gobierno emiten en contra de periodistas y defensores en México.

Ahí aparecen desde los gobernadores de Puebla, Jalisco, Baja California y Nuevo León; el secretario de seguridad pública de Guanajuato; el subsecretario de salud, Hugo López Gattel y el presidente Andrés Manuel López Obrador, entre otras autoridades.

Los dichos expresados en el video, que son solo una muestra de lo que ocurre en todo el país, alarman y preocupan a las organizaciones de defensa de la libertad de expresión, pues la estrategia del estigma y criminalización contra periodistas es utilizada por los gobernantes mexicanos con fines de silenciar, censurar y atacar a los disidentes.

La desacreditación constante de periodistas y activistas, genera un ambiente de permisividad en el que erróneamente se entiende que las agresiones a la prensa son toleradas y justificadas. Este ambiente tiene por consecuencia el aumento de la violencia contra periodistas, en un país que lidera desde hace años la lista de los entornos más inseguros para ejercer la libertad de expresión en américa latina[1].

De acuerdo con cifras de Artículo 19, en 2020 se registraron 692 agresiones contra periodistas y medios de comunicación, el 50 por ciento cometidas por autoridades públicas.

El tema no es ajeno a Sinaloa, tan solo en 2019, el colectivo de Periodistas por la Paz y la Libertad de Expresión documentó una decena de agresiones a la prensa por parte de autoridades del gobierno de Mazatlán que utilizaban como estrategia oficial la difamación de periodistas y medios de comunicación, al acusarlos de informar mentiras o de pedir sobornos a cambio de informar.

En ese sentido, la CIDH urgió al Estado mexicano a garantizar que los funcionarios públicos de todos los niveles se abstengan de utilizar el discurso estigmatizante, reconozcan y garanticen la labor del periodismo en el ejercicio democrático.

Durante su intervención en la audiencia, el encargado de la Relatoría Especial de Libertad de Expresión (RELE) de la CIDH, Pedro Vaca, sugirió al gobierno de México reconsiderar la sección “Quien es quien en las mentiras de la semana”, inaugurada por el presidente López Obrador en su conferencia matutina, al precisar que este ejercicio afecta las garantías para un debate libre e informado. 

 “Una persona qué es señalada por lo que ha dicho, con nombre y apellido, como el pinocho de la semana, ¿qué impacto puede tener en su libertad de expresión futura y en las condiciones para expresarse sobre asuntos de interés público?. No estamos hablando de un espacio más, estamos hablando de un espacio oficial, que está revestido por la máxima autoridad del Estado y siempre es importante señalar que el Estado es garante de la libertad de expresión de quienes coinciden con el gobierno pero también y diría, sobretodo de aquellas personas que tienen posiciones divergentes”, dijo el relator.

Entre los puntos que se abordaron en la audiencia, la CIDH también insistió en eliminar los delitos contra el honor y revisar otros tipos penales utilizados en México para criminalizar la defensa de los derechos humanos y la libertad de expresión.

Sobre este último punto que es una preocupación de la CIDH, Iniciativa Sinaloa ha puesto especial atención en los años recientes pues se ha documentado que actores de poder utilizan la vía jurídica para demandar a periodistas con el fin de silenciarlos o en represalia por su labor crítica y de investigación.

En septiembre de 2020, en colaboración en el Border Hub para la Frontera Norte, presentamos el estudio “Demandas judiciales como esquema de intimidación y censura periodística en el combate a la corrupción, elaborado por Daniel Elizondo.

El análisis detalla cómo en las últimas dos décadas se ha registrado un importante aumento en el número de demandas judiciales de servidores públicos y particulares en contra de periodistas, con las que intentan inhibir y censurar investigaciones que han puesto al descubierto actos de corrupción.

Justo en días pasados, establecimos comunicación con actores tomadores de decisiones del poder judicial y legislativo federal y congresos locales en ocho entidades del país (siete estados de la frontera norte y Sinaloa) a quienes les hicimos llegar una copia electrónica del documento que contiene propuestas en materia de capacitación, prevención y legislación para evitar que las demandas judiciales se utilicen como vía de agresión a periodistas.

Sin duda, en la defensa de la libertad de expresión hay un gran trabajo que hacer por parte de la sociedad organizada y las batallas se están dando desde diversos ámbitos, pero el principal obstáculo aún sigue siendo la apatía de una ciudadanía a la que no le hemos logrado comunicar el valor del periodismo para una sociedad democrática y la necesidad de defender la libertad de los comunicadores.


[1] https://www.forbes.com.mx/actualidad-asesinatos-de-periodistas-en-represalia-por-su-trabajo-se-duplican-en-2020/

Las opiniones expresadas aquí son responsabilidad del autor y no necesariamente reflejan la línea editorial de ESPEJO.

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