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Con Iniciativa | Una Fiscalía opaca en el combate a la corrupción

Tenemos una Fiscalía que además de estar recibiendo grandes cantidades de recursos públicos y celebrar pactos de impunidad, también apuesta por la opacidad y en su desempeño

Por Marlene León, directora de Iniciativa Sinaloa, A.C.

A partir de una solicitud de acceso a la información pública que se realizó a inicios de 2022 a la Fiscalía General del Estado de Sinaloa (FGES) ésta dejó al descubierto su opacidad en materia de combate a la corrupción. 

A inicios de año, se solicitó a la FGES bajo el folio 250483000027822 la siguiente petición: “De acuerdo al Tercer Informe del Comité Coordinador, 2020-2021 del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción, solicito se me proporcione en versión pública copia de los 15 expedientes que se radicaron en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción en cuanto a denuncias y carpetas de investigación, las determinaciones emitidas y el resultado en el tema de sentencias obtenidas”. 

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No obstante, éstos habrían sido reservados por cinco años bajo el argumento de que se trataba de procesos en trámite.

Frente a esta respuesta, se presentó un recurso de revisión y fue hasta el 03 de mayo que la Comisión Estatal de Acceso a la Información Pública (Ceaip) resolvió por unanimidad que la inconformidad contaba con fundamentos, toda vez que “no podrá invocarse el carácter de reservado cuando se trate de información relacionada con actos de corrupción de acuerdo con las leyes aplicables”; ordenando finalmente entregar la versión pública de los expedientes radicados ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.

Esta resolución representó un precedente no solo en materia de transparencia y combate a la corrupción, si no también en rendición de cuentas. Pero, ¿por qué es importante lo anterior? Recordemos que tan solo para este año, a la FGES se le destinaron 911 millones 798 mil 017 pesos, siendo el órgano autónomo que recibió más recursos incluso por encima del Tribunal de Justicia Administrativa, la CEAIP y la Comisión Estatal de Derechos Humanos. 

De esos más de 900 mdp que recibió, según la Ley de Ingresos y Presupuesto de egresos del Estado de Sinaloa, 39 millones 706 mil pesos serían para “Inhibición y Sanción de Prácticas de Corrupción” es decir, el equivalente al 4.35%. Aún así, esto significó más del doble de lo destinado al propio Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción (SEMA) que fueron 16 millones 728 mil 029 pesos.

Ante estas cifras y manejo de grandes cantidades de recursos, es importante y necesario poner bajo escrutinio público no sólo él ejercicio del dinero sino también su desempeño en el combate a la corrupción. Tan solo para el informe de 2021, reportó ante el SEMA que de 15 casos por corrupción, únicamente uno obtuvo sentencia absolutoria.

Dicha sentencia se trató del caso del ex secretario de Finanzas, Armando Villarreal Ibarra, por el ejercicio indebido de 293.5 millones de pesos y quien logró una suspensión condicional del proceso al celebrar un convenio con el Gobierno de Quirino Ordaz Coppel para la reparación del daño, por la cantidad de dos millones de pesos y una disculpa pública.

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Si ponemos en contexto lo anterior, tenemos una Fiscalía que además de estar recibiendo grandes cantidades de recursos públicos y celebrar pactos de impunidad, también apuesta por la opacidad y en su desempeño, por lo menos en el combate a la corrupción, está siendo superficial.

Estamos a pocas semanas de que la Fiscalía entregue nuevamente su informe de labores al Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción. Estemos atentas y atentos de conocer cómo fue su actuar respecto a la investigación y persecución de delitos por corrupción, pues al día de hoy siguen sin ser suficientes y siguen haciendo caso omiso de la resolución dictada por la CEAIP.

Las opiniones expresadas aquí son responsabilidad del autor y no necesariamente reflejan la línea editorial de ESPEJO.

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