Cuatro claves para entender el veredicto a García Luna

Por Michael Lettieri / Center for U.S.-Mexican Studies*

El 21 de febrero, después de un juicio y deliberación relativamente breve en Nueva York, Genaro García Luna, el exsecretario de Seguridad Pública de México, fue declarado culpable de un cargo de participación en una conspiración criminal, tres cargos de conspiración para traficar cocaína, y un cargo de mentir a las autoridades estadounidenses en su solicitud migratorio. García Luna, quien fungió como oficial policial de alto rango por más de una década antes de dejar su puesto en 2012, es conocido por su centralidad en la implementación de las políticas antidrogas agresivas implementadas durante el sexenio de Felipe Calderón. Estas políticas, que se vendieron como un intento de controlar la actividad criminal organizada, contribuyeron a una ola de violencia catastrófica que no ha menguado.

García Luna fue protagonista central de esa historia.

Fue instrumental en la reestructuración de la policía nacional, en un proceso que centralizó la autoridad, responsabilidad, y poder de fuego en la (ya extinta) Policía Federal en 2009. Este cuerpo recibió apoyo del parte de los Estados Unidos a través de la Iniciativa Mérida, y logró establecer una infraestructura extensiva de inteligencia y vigilancia que incrementó dramáticamente el poder de García Luna. Es en este contexto que las revelaciones del juicio son especialmente impactantes: en un momento cuando una cantidad de recursos impresionantes fueron dirigidos a un cuerpo policial que ostentaba su integridad y eficacia, esa misma institución fue simultáneamente corrompida de manera fundamental.

De todas maneras, el juicio no ofreció una vista ni comprensiva ni convincente de lo que pasó. La evidencia que se presentó fue fragmentaria, y no llegó a ser la rendición de cuentas que muchos esperaban. Con la declaración de culpabilidad de García Luna, se cierra un capítulo, pero todavía hay mas preguntas que respuestas, tanto sobre el futuro como el pasado.

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¿Qué nos indica el juicio sobre la guerra contra las drogas? ¿Qué implicaciones tiene para el futuro de cooperación EU-Mexico en materia de seguridad?

Viendo más allá de las historias de narco-novela sobre maletas llenas de dinero y reuniones clandestinas en restaurantes, hay cuatro consideraciones claves para entender que significa el veredicto:

Primero

García Luna sí representa un caso extremo, pero tampoco es único. Hasta una revisión superficial de la historia del narcotráfico revela que oficiales policiales y militares han jugado un papel central en la organización, estructuración, y control de las actividades ilícitas. En esa colección infame se encuentra Arturo “El Negro” Durazo (jefe de la policia de la Ciudad de México en los 1970s), Guillermo González Calderoni (comandante de la policia judicial durante los 1980 y 1990), Jesús Gutiérrez Rebollo (general del ejercito y zar antidroga en los 1990s), entre otros. Incluyendo los oficiales al nivel estatal y local, esta lista llenaría varias cuartillas. Poniendo a García Luna en este contexto no disminuye su importancia—ocupó un cargo del gabinete—pero sí sugiere que en lugar de tratarlo como caso extraordinario, debemos hacer una reflexión sobre la persistente utilidad de corrupción y colusión dentro del contexto de una guerra imposible de ganar. Dicho de otra manera, hemos estado aquí antes, y es muy probable que nos veremos de regreso frente a Juez Cogan.

En lugar de ser una anomalía, entonces, las dinámicas del narcotráfico implican que siempre habrá figuras como García Luna porque son necesarios, tanto para el gobierno como para los criminales. La intermediación ofrecida por actores “corruptos” permite que haya un manejo oculto de la actividad ilícita que ofrece beneficios tangibles. Esta realidad se refleja en la percepción popular y el cinismo enraizado: se suponía la culpabilidad de García Luna por mucho tiempo, aunque el carácter preciso de la corrupción quedaba sin conocer.

Segundo

A pesar de la decisión de enjuiciar a García Luna, el juicio no demuestra un interés repentino de los Estados Unidos en erradicar la corrupción, y tampoco refleja una alianza de los dos gobiernos para hacer frente contra este tipo de abuso. Es, más bien, un recordatorio que las políticas de seguridad no son ajenas a las consideraciones políticas. El gobierno mexicano protestó de manera intensa cuando el General Salvador Cienfuegos fue detenido en Los Angeles bajo cargos muy similares a los que enfrentó García Luna. La crisis diplomático acabó cuando los fiscales estadounidenses libraron al General de los cargos y lo dejaron regresar a México. Estos eventos evidenciaron la cercanía de la administración de López Obrador con SEDENA. García Luna, en cambio, fue hombre de Felipe Calderón, y su culpabilidad fue políticamente beneficioso para el actual presidente.

Desde la perspectiva estadounidense también, la decisión de enjuiciar a García Luna aparentemente refleja menos una preocupación con corrupción, y más la realidad dura de que ya no tenía utilidad. En entrevistas anónimas para un reporte del Instituto de Paz del Estados Unidos (USIP), exoficiales estadounidenses retrataron una ceguera selectiva que permitió que hicieron alianzas con oficiales mexicanos si hay “una voluntad de colaborar en contra de ciertas organizaciones criminales de narcotráfico…aun cuando queda claro que autoridades mexicanos están coludidos con grupos rivales. Otro exoficial comentó que, como pasó con García Luna y las unidades especiales que dirigió, ‘tal vez son sucios, pero pueden todavía ser eficaces en capturar criminales’.”

En este sentido, es muy improbable que el veredicto cambiara significativamente la cooperación EU-México en materia de seguridad. Aunque la relación bilateral ha sido difícil recientemente, las dimensiones fundamentales de las interacciones y los términos del acuerdo básico siguen iguales. Las autoridades mexicanas cooperan con los Estados Unidos cuando conviene a sus intereses, y cuando sirve para lograr un objetivo semi-mutuo. Para ambos lados, las motivaciones no siempre son relacionados con contrarrestar el fluyo de narcóticos o reducir la violencia.

Tercero

El juicio es recordatorio de que nuestro conocimiento del mundo criminal y las negociaciones que hacen posible el narcotráfico es fragmentario, y de vez en cuando inventado. Los fiscales estadounidenses no ofrecieron pruebas contundentes: el juicio careció de grabaciones, filtraciones, o evidencia a base de investigaciones financieras. Los argumentos de los fiscales se basaron casi en su totalidad en los testimonios de testigos, y mucho de eso vino de criminales notorios, y lo cual fue convincente solo en la medida de que las varias historias se concordaron. El hecho de que otros casos de corrupción similares, por ejemplo lo de Iván Reyes Arzate o Jose Irizarry, tenía pruebas más sustantivas, como intervenciones telefónicas, hace que su ausencia en el juicio de García Luna aun mas notable. Por cierto, es razonable preguntar si la evidencia que se presentó en su contra hubiera bastado para condenar un oficial estadounidense.

En ese sentido, la decisión del jurado tal vez fue, en parte, producto de los estereotipos del policía corrupto mexicano.

La falta de evidencia contundente invita dos interpretaciones. Primero, que los fiscales no presentaron toda la información que tenían debido a presión política. La decisión del juez de prohibir la introducción de evidencia relativa a las actividades de García Luna después de 2012 tal vez limitó las posibles pruebas en su contra, y es posible que las autoridades estadounidenses sí decidieron suprimir evidencia que habría demostrado lo que el gobierno estadounidense sabía durante los años cuando cooperaron con tanto entusiasmo con García Luna. Una segunda interpretación es mas dura: aunque mucho de lo que conocemos de las inframundos criminales es a base de que nos dice las autoridades, como ha observado Christy Thornton, también es posible que de vez en cuando el supuestamente omnisciente gobierno estadounidense depende—cómo los demás—en las sospechas, el rumor, y la imaginación.

Cuarto

A pesar del enfoque en Nueva York en los cargamentos de cocaína y maletas de dinero, es importante no perder de la vista los impactos reales locales de García Luna. Cuando la política de seguridad es formada por la corrupción, tiene efectos innegables en el bienestar ciudadano y los derechos humanos, aunque estos no forman parte de los cargos imputados. El periodista Javier Garza describe como las estrategias caprichosas de García Luna contribuyeron a una violencia incontrolable en La Laguna, y tal tipo de descoordinación probablemente explica el colapso de seguridad en otros lugares. En Sinaloa, García Luna facilitó el regreso del notorio comandante de policía Jesús Antonio Aguilar Íñiguez—el Chuy Toño—en 2011, que desencadenó un brote de violencia y desaparición por la colusión de oficiales con el Cartel de Sinaloa para desplazar la organización de los Beltrán Leyva.

Este tipo de sufrimiento es, lamentablemente, el legado más marcado de García Luna.

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Michael Lettieri* es investigador de derechos humanos en el Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad San Diego. Tiene un doctorado en Historia con  enfoque en América Latina moderna y ha investigado la cultura política y las políticas autoritarias en el México del siglo XX, el periodismo y las amenazas a la libertad de expresión durante la guerra contra las drogas y la violencia de género.

Sus proyectos actuales incluyen un estudio de la cobertura de los medios extranjeros de la guerra contra las drogas en México y un esfuerzo por desarrollar nuevas herramientas digitales para documentar las desapariciones en asociación con activistas locales en Sinaloa. Ha escrito extensamente sobre las intersecciones entre la democracia, la política de seguridad, el crimen organizado y la violencia, y se desempeña como editor gerente del Proyecto de Recursos de Violencia en México.