Mientras que en el gobierno de Quirino Ordaz Coppel se judicializaron casos de corrupción cometidos por pasadas administraciones, en la de Ruben Rocha se están trastocando a las propias entidades e instituciones en curso.
Vale la pena recordar que, si bien siempre se ha pedido que se investigue y sancione la corrupción cometida tanto por administraciones pasadas como por las actuales, los gobiernos de Quirino y de Rocha lo han realizado a su manera, cada uno con sus particularidades.
Como es común de los gobiernos priístas que se jactan de combatir la corrupción, para el de Quirino fue sencillo voltear hacia atrás e iniciar las investigaciones pertinentes con la intención de buscar avalar su discurso anticorrupción; así quedó constatado cuando la Secretaría de Transparencia y Rendiciòn de Cuentas en 2017 compartió que serían investigados más de una docena de ex funcionarios de la administración de Mario López Valdez por manejo irregular del erario público. “Están bajo investigación de Transparencia 8 ex servidores de la SAyF, que estuvo a cargo de Armando Villarreal Ibarra; también indagan a 3 más de Turismo y otros 6 de Obras Públicas; se trata de ex funcionarios de Malova de primer y segundo nivel”.
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De la misma forma, de los pocos casos que llegaron a judicializarse durante su gobierno correspondían a la administración malovistas, entre ellos el del ex secretario de Salud, Ernesto Echeverría Aispuro, y su equipo de colaboradores así como también el encargado de las finanzas en Sinaloa durante el gobierno de Mario López Valdez, Armando Villarreal Ibarra, junto a Ernesto Herrera Félix, ex director de Tesorería y José Carlos López Ramírez, encargado de Caja General.
Al final, todo este “combate” a la corrupción pasada concluyó con “perdones” y arreglos “a modo” que permitieron perpetuar la impunidad.
Sin embargo el único caso que resaltó por haberse cometido e investigado durante su gobierno y que también terminó como un trofeo a la impunidad fue el de la compra de los colchones podridos. En su momento el Estado presentó una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia en Sinaloa y lo que podría haber sido un hito en el combate a la corrupción, se convirtió en otro caso más de impunidad ya que la única persona que enfrentó un proceso penal fue absuelta por falta de pruebas.
Por su parte, Rocha el combate a la corrupción lo ha hecho a su modo. Recordemos que a su llegada manifestó que, contrario a los pasados gobiernos, en el suyo no habría “bravuconerías” contra exfuncionarios ni se iban a dedicar a realizar persecuciones políticas “No vengo a perseguir aquí, yo quiero ver para adelante”.
Y tan “adelante” así fue que, a poco tiempo de cumplirse los dos años de su mandato, ya se han judicializado casos de posible corrupción cometidos por diferentes funcionarios públicos de diversas entidades, entre ellas sobresale el caso de los ex alcaldes de Mazatlán y Culiacán, Luis Guillermo Benitez y Jesus Estrada Ferreiro, y recientemente del rector, ex rector y comité de adquisiciones de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS).
Sin embargo, la particularidad de Rocha es que, a pesar de que sí está trayendo al banquillo de los acusados a funcionarios públicos de primer nivel durante su administración, no vemos el mismo esfuerzo e ímpetu contra los suyos, contra los propios que conforman el gobierno del estado ni mucho menos contra ex funcionarios públicos de la administración de Quirino o anteriores.
Parece que el lema de Rocha es: “no ir en contra de los de atrás, ni con los míos pero sí contra los que me estorban”.
Y es que no buscamos demeritar o ir en contra del trabajo que se está haciendo en materia de combate a la corrupción por parte de las autoridades, al contrario, la sociedad queremos que se castigue por el mal uso de los recursos públicos, por el desfalco al erario para beneficio personal por simular y avalar compras y obras irregulares, etc. Pero también queremos que sea parejo.
¿Quiénes son y dónde quedaron las personas responsables por el desplome del puente El Quelite?, ¿dónde están y qué castigo hubo para las y los funcionarios responsables de la pérdida de medicamentos caducos por 30 mdp por parte de la Secretaría de Salud?, ¿cuántas investigaciones y sanciones han concluido a partir de denuncias por actos de corrupción de administraciones pasadas, entre ellas por el uso irregular de Preecasin, la contratación de empresas fantasma, procesos irregulares de contratación de obras públicas, etc?
De eso, únicamente tenemos tres casos emblemáticos de corrupción judicializados: de dos ex alcaldes y de funcionarios de la UAS. Sin embargo, a pesar de que los casos ya se encuentran en etapa de audiencias, podemos advertir que posiblemente éstos terminen como los pocos judicializados durante el gobierno de Quirino: en acuerdos de impunidad.
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Lo anterior a partir de las señales que ya se han hecho públicas, como por ejemplo dilatar los procesos al permitir que las audiencias se prolonguen a tal grado de llegar a la novena, décima audiencia a causa de pretextos tan insustanciales. ¿Seguirán las autoridades así de permisivas en el “combate a la corrupción”?, lo único que se está evidenciando es la astucia de los imputados frente a la inacción e inoperancia de las instancias judiciales e investigadoras.
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