Por Sibely Cañedo

Usar el discurso de derechos humanos en detrimento de otros derechos es una trampa en la que no debemos caer.

Los días 28 y 30 de julio, acciones violentas de grupos armados ilegales provocaron la huida de al menos 700 personas en la sierra sinaloense.

De acuerdo con medios de comunicación, los poblados afectados en esta ocasión fueron La Sierrita de los Germán, San José de las Delicias, Las Calabazas, La Higuerita, Corral Quemado, El Pueblito, Milpas Viejas y El Opochi en territorio de Sinaloa municipio.

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Las víctimas huyeron a la ciudad de Guamúchil, localizada a poco más de 100 kilómetros de las comunidades desplazadas, donde encontraron refugio y la generosa recepción de la preparatoria CBTIS 45.

De inmediato surgieron controversias con los periodistas y personas defensoras de derechos humanos, que intentaron dar seguimiento a lo que estaba ocurriendo y obtener información más allá de los datos oficiales.

El 31 de julio, la subsecretaria de Bienestar en Sinaloa presumió desde su cuenta de Twitter haber retirado a la prensa del interior del albergue donde esa noche se recibiría a las familias desplazadas: “Necesitamos ser sensibles y evitar la revictimización; la protección de los DDHH de todas las personas siempre es y será nuestra prioridad.”

Dijo sin más detalles haber sido señalada como “prepotente”.

Tan solo tres días después, el gobernador Rubén Rocha Moya fue abordado por la prensa al llegar al albergue y se mostró enfadado con los reporteros, quienes cuestionaban sobre la situación de seguridad en la sierra: si había sido rebasado el Estado, si se iba a atender a los desplazados, incluso aseguraron que en un principio las autoridades intentaron negar la violencia y alegar que todo eran rumores de redes sociales. Hasta tal grado se fustigó el Gobernador, que le llamó “chismoso” a uno de los periodistas y quedó asentado en un video donde no se alcanza a observar la identidad de los representantes de los medios de comunicación.

─RRM: No no no, a ti te gusta el chisme, es lo que a ti te gusta…

─Periodista: ¿A la labor periodística se refiere como chisme entonces?

─RRM: Sí, buena parte

─Periodista: ¿Evidenciar lo que sucede en Sinaloa es chisme?,¿ir a la zona donde hubo guerra, donde hay casas quemadas, carros quemados, casquillos…?

─RRM: Lo que no se vale es que digan que ustedes sí lo vieron y nosotros no lo hemos visto, nosotros estamos allá y la gente que ha bajado ha bajado con la seguridad de nosotros del gobierno, eso es lo que debiera reportarse. En efecto, está ocurriendo un problema de seguridad, si no, no estuviera yo aquí, yo estuviera metido en mi casa, nadie me ha llamado que venga para acá; le pido a los presidentes municipales que nos atiendan, pero yo vengo al lugar de los hechos porque no me gusta sacarle la vuelta a mi responsabilidad.

─Periodista: Nosotros también vamos al lugar de los hechos porque es nuestra responsabilidad como periodistas.

Por estos hechos, el Instituto de Protección para las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Estado de Sinaloa emitió el 05 de agosto un exhorto al Gobernador a referirse con respeto a la labor periodística y a no contribuir al ambiente de riesgo que actualmente enfrenta este gremio; ante lo cual Rocha Moya —es de reconocerse— aseguró que acataría la recomendación del organismo autónomo.

La realidad es que la sierra de Sinaloa se ha convertido en zona de silencio. No solo es difícil el acceso, sino que representa un peligro inminente por la presencia de grupos armados ilegales. Se sabe que en muchos de esos lugares no se puede transitar sin “permiso” de este tipo de actores. Trascendió que varios periodistas que quisieron dar cobertura a los hechos de San José de las Delicias y alrededores fueron regresados de la zona en disputa por integrantes del crimen organizado, arriesgando su propia integridad para cumplir con su trabajo.

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No es un secreto que la zona serrana sigue bajo el control de grupos armados no estatales, aun con todo el poder y recursos que el actual Gobierno Federal le ha brindado al Ejército y a las fuerzas armadas. La seguridad es la gran deuda de la Cuarta Transformación y molesta que la prensa lo cuestione, como en este caso al Gobernador Rocha Moya.

Va un dato: de diciembre de 2018 al 24 de mayo de 2023 se han registrado 156 mil 136 homicidios dolosos en México, lo que convertiría al actual sexenio en el más violento de la historia, según información del Inegi y del Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública.

Mientras en Sinaloa, tan solo el primer semestre de este año se registraron 633 homicidios en Sinaloa, un aumento del 10% respecto al mismo periodo del año pasado; y aunque se ha presentado una tendencia a la baja en los asesinatos los últimos años, también es cierto que se ha recrudecido el problema de las desapariciones forzadas, por lo que se está muy lejos de un escenario tranquilo en seguridad pública.

Pero en el manejo de este nuevo desplazamiento forzado, no solo hubo diferencias con los medios, sino también con personas defensoras de derechos humanos.

Ese mismo 03 de agosto, Esperanza Hernández Lugo, representante de personas desplazadas en el centro del estado desde hace más de 10 años, externó públicamente que no la dejaban hacer su trabajo para llevar un registro de las víctimas del desplazamiento forzado en el albergue.

“Lo más grave es que la secretaria de Bienestar María Inés [Pérez Corral] me está limitando, me está eximiendo de todo, ayer traté de hacer de elaborar un censo con las personas que están ahí, me lo prohibió y me sacó del lugar; había invitado yo a la organización del Consejo Danés para Refugiados para que ellos vieran las instalaciones, que vieran de cerca el problema tan grave que es ahorita y se molestó bastante, los regañó a ellos y a mí prácticamente me sacó”, acusó en entrevista.

Señaló haberles informado que acudía en representación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sin éxito. Frente a estos hechos se preguntó qué quiere ocultar el Gobierno del Estado, aunque aseguren tanto las funcionarias de Bienestar como el Gobernador que no se oculta nada y que informarán oportunamente de lo acontecido en la sierra.

La importancia de la observación ciudadana

Pero ante estas confrontaciones vale preguntarse, ¿cuál es la función del trabajo de periodistas y defensores en momentos de crisis como este?

Si bien es cierto que tanto periodistas como personas defensoras se encuentran obligados a cumplir códigos de ética en su labor y evitar mayores riesgos para las personas desplazadas, su trabajo es relevante al convertirse en observadores de la acción de las autoridades y del respeto a los derechos humanos de las víctimas, además de aportar su conocimiento en la atención y prevención de esta problemática.

Las personas defensoras tienen más experiencia que los propios funcionarios, que van de paso por las dependencias públicas.

De parte de la sociedad civil, hay organizaciones que han acompañado a las víctimas desde hace años o décadas, como en el caso de la Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos en Sinaloa (CDDHS), que el 03 de agosto emitió una recomendación para garantizar el retorno seguro y digno de los desplazados acatando las disposiciones de la Ley para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno en el Estado de Sinaloa (2020).

Esperanza Hernández fue desplazada en 2012  junto a 600 familias de la misma zona donde hoy se repiten los éxodos violentos y desde entonces ha realizado gestiones a favor de las familias afectadas, que fueron importantes para que la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitiera en 2017 la recomendación número 39, estableciendo un precedente para la visibilización de las víctimas desterradas en el país.

Esperanza no solo denunció que le impidieron hacer el registro de las personas desplazadas de Sinaloa municipio en días recientes, sino que se ha permitido el retorno sin cumplir los protocolos de Ley.

El periodismo ha contribuido a poner en la agenda pública la tragedia de los desplazados, por lo menos desde 2007, cuando al desatar la “guerra contra el narco” de Felipe Calderón se disparó la violencia expulsando a miles de personas de sus comunidades. Pasaron años para que el Gobierno reconociera la existencia de los desplazados y, por ende, la necesidad de programas de atención y prevención. Pero antes hubo periodistas que investigaron y documentaron el sufrimiento y los impactos que vivieron estas personas, por lo que no pudo ser nunca más un problema oculto bajo la alfombra de la retórica política.

El trabajo de periodistas y defensores de derechos humanos se encuentra consagrado en la Constitución, en tratados internacionales y, a partir del 24 de mayo de 2022, por una ley local y el Código Penal de Sinaloa:

No se trata únicamente de usar la protección de derechos de las víctimas para obstaculizar otros derechos, sino de establecer los mecanismos de coordinación y los protocolos necesarios para que tanto periodistas como defensores puedan realizar su trabajo y contribuir a la construcción de un orden social más justo y pacífico.

Amnistía Internacional reconoce el carácter interdependiente de los derechos humanos, puesto que el progreso de uno significa el avance en otros, en tanto que la privación de uno de ellos afecta al resto: “el desarrollo integral de las personas es un todo, y, por ejemplo, su derecho a la educación no será efectivo si no tiene a la vez otros derechos -a la salud, al trabajo, a la vivienda, a la libertad de expresión, de tránsito, etcétera- para poderlo disfrutar plenamente”.

La sociedad tiene derecho a estar informada sobre la situación de violencia tanto en la zona urbana como en la sierra, tiene derecho a saber por qué el control del territorio de algunas regiones continúa al mando de grupos del crimen organizado.

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El Gobierno del Estado de Sinaloa debería estar concentrado en garantizar el derecho más importante de todos, y la función prioritaria de un Estado de derecho: el de mantener la paz y la seguridad en su territorio, algo que hasta el momento no podemos presumir.

 

Las opiniones expresadas aquí son responsabilidad del autor y no necesariamente reflejan la línea editorial de ESPEJO