Reflexiones

Alejandro Luna Ibarra

¿Discutir o callar el “Jueves Negro 2.0″?

Cómo regresar a la normalidad pero que el hecho no se repita

Los acontecimientos violentos ocurridos el 05 de enero de este 2023 en la ciudad de Culiacán, identificados como “Jueves Negro 2.0” nos obligan a reflexionar en torno a lo que hemos hecho y lo que no hemos hecho como sociedad para que estas cosas sucedan pero sobre todo que podemos hacer para que ya no ocurran. La estrategia inmediata emprendida por el Gobierno del Estado en medios de comunicación para destacar lo bueno de Sinaloa es algo que hay que hacer permanentemente para contrarrestar los efectos de mala imagen que tienden a generar los hechos de violencia. Es evidente que es mucho más lo positivo que sucede en la vida cotidiana de Sinaloa que lo negativo que tiende a estigmatizarnos como un estado violento, por lo que es importante apoyar los esfuerzos del Gobierno de Sinaloa para neutralizar es mala imagen.

Sin embargo, el problema no sólo es de imágenes sino también de realidades, pues los hechos violentos del octubre del 2019 y de enero del 2023 sólo son la punta de iceberg de lo que sucede cotidianamente sin ser noticia –y que se ha construido históricamente— con la complacencia, el desentendimiento, la tolerancia y hasta la complicidad de los propios gobiernos de las últimas décadas.

El tema lo abordan con un muy buen nivel de reflexión Iván Rocha y Ronaldo González Valdés en un diálogo publicado en la revista Nexos, del 10 de enero bajo el título “Ni resignación ni estereotipos: diálogo sobre un Jueves Negro”, en el que se plantea no estereotipar a Sinaloa por los hechos de violencia, pero tampoco resignarnos a vivir con ellos como si fuera parte de una naturaleza propia y propone una “propedéutica” que abra el camino a una conversación pública a partir de los acontecimientos en una vertiente literaria y en otra más formal que abra un debate inspirador de políticas públicas y sinergias sociales.

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La otra realidad

Efectivamente lo ocurrido el jueves 17 de octubre de 2019 y el jueves 05 de enero de 2023 no es producto de generación espontánea, sino, en gran medida, de la construcción de una realidad marginal que se ha soslayado, de una realidad delictiva que se ha evadido durante décadas hasta verse con cierta “normalidad” en la vida cotidiana, como si no existiera, como si fuera inofensiva, pero hoy vivimos la muestra de su alta letalidad y de que, en realidad, sólo ha estado hibernando.

Y, lo más grave, en cualquier momento se puede repetir.

¿Hay que voltear hacia otro lado, cambiar de tema y rezar en la intimidad porque no se repitan esos episodios dramáticos de violencia, respaldados en la transgresión cotidiana de le legalidad, tolerada y aceptada por sociedad y gobierno, o es momento de dejar de ver el tema como tabú –del que nadie quiere hablar— y  reconocer públicamente su existencia –no para hacer escarnio ni alimentar el morbo—, sino para desmitificarlo, para debatirlo y tratarlo abiertamente como cualquier otro asunto social que requiere una definición política clara de la autoridad y la incorporación responsable de la sociedad para su tratamiento?

Porque no se trata sólo de los enfrentamientos armados y los estragos causados en sí, en hechos extraordinarios, al fin que ya pasaron, sino de la convergencia de acciones y prácticas delictivas, toleradas, que los hicieron posible y que no se disiparon con el humo del fuego de los disparos y los vehículos incendiados, sino que siguen aquí, en la vida cotidiana, sin mayor escándalo, como su propias fuentes de financiamiento, el tráfico de drogas y de armas y sus vínculos en las corporaciones policiacas y en los propios gobiernos, hasta factores aparentemente lejanos en el tiempo pero igualmente influyentes, como las fallas en el propio sistema educativo, enfocado en la transmisión de conocimientos abstractos y no en la formación ética y la atención de los problemas vivenciales del contexto de los alumnos, sin contar la indiferencia o incapacidad de funcionarios políticos ignorantes del tema educativo o la negligencia de los maestros justificada en el miedo colectivo.

La mayoría de los participantes en los hechos violentos del jueves negro estaban en la escuela primaria en la primera década de este siglo, cuando se encendieron las alarmas del alto grado de “niños sin límites” –impacientes, incapaces de controlar sus emociones, caprichosos, con baja tolerancia a la frustración, con sentimientos de desorientación y confusión— en las escuelas de Culiacán, haciéndose hincapié en  el alto riesgo de que éstos niños fueran a dar a las files de la delincuencia, no obstante, no hubo ninguna respuesta de las autoridades educativas.

Sin embargo, la violencia y el narcotráfico no son los únicos ámbitos de la realidad que ha sido evadida socialmente. Si bien esta evasión se ha justificado en el riesgo que implica para la integridad física de quien pretenda exhibirlos, ese es sólo uno de muchos otros ámbitos de la realidad que la sociedad ha evadido durante mucho tiempo hasta dimensiones alarmantes, como la corrupción –social y gubernamental-, la infiltración de la delincuencia en actividades económicas, el saqueo de los recursos públicos, la simulación institucional, la antidemocracia sindical, la venta de plazas estatales, entre muchos otros, promovida y alentada por la impunidad permitida por los propios gobiernos.

La narrativa del silencio

La complicidad de los gobiernos con la delincuencia y el narcotráfico, sospechada en la década de los 70s, se volvió cada vez más cierta y evidente en las últimas cuatro décadas, disparando a niveles alarmantes los niveles de impunidad y la pérdida de confianza de la sociedad en los gobiernos, pasando de la sospecha de la confabulación a la certeza –hoy el máximo representante de la seguridad pública en el gobierno de Felipe Calderón está preso en los Estados Unidos por narcotráfico y delincuencia organizada—, de tal suerte que denunciar este tipo de delitos –y muchos otros— ante las autoridades, carecía de sentido además de que era sumamente peligroso. La simbiosis gobiernos-delincuencia, cobró carta de naturalidad en la percepción social a partir de los años 90s en México, en el gobierno federal y en los gobiernos estatales, tanto entre los propios servidores públicos como en la sociedad en general.

Los servidores públicos sabían que difícilmente se procedería en este tipo de delitos porque en algún punto de la cadena de mando, entre su jefe inmediato y la máxima autoridad del gobierno, el proceso se detendría debido a que el indiciado pertenecía a una red de poder fáctico que tenían trato con el gobierno y aunque no lo podía decir directamente, comúnmente  lo dejaba entrever al denunciante aconsejándole que no se metiera en esos asuntos porque era muy peligroso, que esa era gente muy poderosa. Unas veces se hacía como un favor, otras, como amenaza velada.

La complicidad (gobierno–delincuencia), la corrupción, la impunidad, el saqueo de los recursos públicos, se fueron convirtiendo en parte de la cultura de servidores públicos y sociedad, que empezó a evadir esos ámbitos de la realidad como si no existieran, sobre la base de que las denuncias no prosperaban, ponían en riesgo al denunciante y de que insistir era muy peligroso, por lo que lo más recomendable era una actitud de laissez-fair: “dejar hacer, dejar pasar”.

Sinaloa no fue la excepción

En Sinaloa, la relación gobierno-delincuencia se volvería una realidad aceptada socialmente pero intocable a partir de la década de los 80’s expresada en múltiples episodios públicos, como la denuncia de que el gobernador convivía cotidianamente con el jefe del narcotráfico en la entidad, presentada por un conocido periodista que había sido parte del círculo cercano del gobernador, pero que ante el dolor de un hijo asesinado (acusaba al jefe de la policía judicial, enterado de que había sido por órdenes del gobernador), había roto el “pacto de silencio” para denunciar la violencia institucionalizada ante el procurador de justicia y frente a una veintena de periodistas. “En Sinaloa sólo hay tres pend… que niegan la violencia: el gobernador, usted (procurador) y yo” habría dicho días antes de ir a denunciar el hecho en medios nacionales. Era cuestión de tiempo para que le costara la vida.

A finales de la década de los 80 el arresto de todos los policías municipales de Culiacán en sus propias instalaciones de Paliza y Rosales (hoy MASIN), por el ejército y la aprehensión y encarcelamiento de los jefes de la municipal y de la policía judicial del Estado, acusados de complicidad con la delincuencia, revelarían una relación, si no de complicidad, al menos de tolerancia, de evasión de la realidad, durante el gobierno de Francisco Labastida.

A principios del milenio era claro de qué se podía hablar públicamente y de qué no. La cultura del silencio y la obediencia había calado hondo, especialmente en el sector público al grado que se tenía que ser muy sutil. ¿ya sabes que los cocodrilos vuelan? ¿Quién dijo esa barbaridad? El gobernador. Ah bueno, sí, pero papalotean nomás era uno de los chistes sarcásticos para criticar el exacerbado control ejercido sobre los funcionarios y trabajadores del gobierno. Cuestionar las relaciones oscuras de gobierno y delincuencia era impensable especialmente cuando se corrían versiones de que el propio gobernante era asesor político de  poderes fácticos.

Al final de la primera década del milenio era del dominio público que los aspirantes a gobernar el estado tenían que pedir permiso a los poderes fácticos para postularse, como lo relatara alguna vez el periodista Humberto Millán, “levantado” asesinado tiempo después. No soy ingenuo. Para ser gobernador hay que tener el apoyo del narco o del gobierno federal habría dicho Manuel Clouthier, cuestionado sobre si se postularía a la gubernatura y él no tenía el apoyo de Felipe Calderón.

Los siguientes gobiernos simplemente asumieron una actitud de “laissez-faire”. Para entonces, era una secreto a voces que la delincuencia tenía sus propios candidatos en los partidos políticos, pero esas eran realidades que era mejor ignorar. Hablar y escribir directamente de esa realidad evadida por la mayoría de sociedad y gobierno era caminar por el filo de una navaja. En cualquier descuido se podía perder la vida, como ocurrió con el periodista Javier Valdez en el 2017.

El abandono de la reflexión

El fenómeno cultural de evasión de segmentos de la realidad, que se ha vivido con especial nitidez en las últimas décadas en Sinaloa, ha transcendido con mucho el ámbito de la seguridad pública permeando en otros espacios de la vida pública y social, como el sector educativo y sindical, donde la discusión, la reflexión, la crítica y la construcción colectiva y democrática, que en algún tiempo fueron su mayor fortaleza formativa, prácticamente han desaparecido.

Las universidades, que por su naturaleza universal representan el espacio ideal de la expresión de la diversidad de ideas y de expresiones políticas e ideológicas, en las últimas décadas han perseguido la discrepancia y satanizado la reflexión y la crítica, reduciendo la discusión al mero formalismo instrumental y la obediencia de “línea” cumpliendo instrucciones políticas o institucionales.

Igualmente en muchos otros espacios de instituciones públicas la discusión se toma como necedad y la reflexión como pérdida de tiempo. Las decisiones son verticales e impositivas, aunque carezcan de sentido y en los pocos espacios donde la discusión es obligada, en la mayoría de los casos, las decisiones obedecen a la “línea” previamente  determinadas por jefes políticos y/o autoridades, inhibiendo el desarrollo del pensamiento libre y la construcción de comunidad en una expresión nítida de “violencia simbólica” en palabras de Pierre Bourdieu.

En tanto, los sindicatos, que en algún tiempo fueron ejemplo de defensa de derechos laborales, de lucha legítima por mejores condiciones de vida y bienestar para sus afiliados y ejemplos de participación democrática, hoy sólo son pequeños grupos burocráticos de interlocución que negocian “en lo oscurito” en nombre de las mayorías, beneficios que se reparten en sus reducidos círculos de poder, alejados de las necesidades de sus bases.

Discusión, reflexión, crítica, construcción colectiva y democrática, son categorías y conceptos que no están en su léxico ni en su práctica pragmática, encargada de reforzar la evasión de la realidad, en mancuerna con las propias autoridades institucionales que saturan de eventos y tareas burocráticas los espacios curriculares reduciendo la labor pedagógica y formativa, al mero formalismo determinado por las empresas certificadoras.

Las otras evasiones

La evasión de diversos ámbitos la realidad, promovida y alentada por las propias autoridades, durante décadas, instalada ya en la cultura de la sociedad, es en parte corresponsable de que el arresto de un presunto delincuente se llegue a convertir en un evento traumático para toda la población del estado y que, dado el poder de estrategia y fuego demostrado, puede repetirse una y otra vez.

Es verdad que a Sinaloa la distinguen muchísimas más cosas buenas, como su producción, agrícola, pesca, turismo, deporte, gastronomía, su gente y eso es lo que hay que destacar, difundir y proyectar como la imagen de Sinaloa, sin embargo, no se puede dejar de reconocer la magnitud de los hechos violentos extraordinarios y, sobre todo, la posibilidad de que se vuelvan a repetir.

¿Dejar atrás el incidente para volver a la normalidad lo más pronto posible o empezar a hablar del problema –y no para magnificar el hecho policiaco—, sino para analizar el fenómeno social que lo permitió y que durante décadas se ha ignorado a propósito? No hablar públicamente del problema –y de muchos otros–, es parte del problema. La cultura del miedo, del silencio cómodo y complaciente, es parte de este y de muchos otros problemas que se han magnificado para beneficio de unos pocos, que no representan a Sinaloa.

Un gobierno diferente en problemas recurrentes

El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha dado muestras de ser un gobierno cualitativamente distinto a los de las últimas décadas en muchos aspectos, empezando por su atención a los más pobres lo que le ha valido el aprecio legítimo de la mayoría de los mexicanos y el gobierno estatal de Rubén Rocha también ha logrado distinguirse de los gobiernos anteriores desde su primer año por la cantidad y tipo de pequeñas obras para las comunidades y por significativa transparencia y comunicación que ha empezado a redundar en la recuperación de la confianza de la población en el gobierno estatal.

Ambos han hecho un buen equipo para el beneficio de los sinaloenses y tienen aún un alto potencial transformador. La respuesta inmediata frente a los hechos violentos extraordinarios que lastiman la imagen de Sinaloa es destacar lo bueno y promover el orgullo de ser sinaloense, sin embargo, los hechos violentos se alimentan del solapamiento de la transgresión de la ley y de la impunidad permitida históricamente por los gobiernos.

Y si bien esos hechos son cometidos por unos pocos, éstos han irradiado una actitud de desprecio por la ley, por la autoridad y por la vida misma, que llega a muchos más a través de su música, sus modas, sus comportamientos sus estilos de vida y sus proyecciones de futuro que van formando una cultura que se impregnan el pensamiento de las nueva generaciones. Muchos buenos y excelentes alumnos sueñan con ser narcos, obnubilados por sus potentes carros de lujo, sus casas y mujeres hermosas, aunque en ello les vaya la vida, no sólo por necesidad sino la escuela es omisa a su realidad y no encuentran en ella suficientes contrapesos. Una realidad que la escuela ha preferido evadir, justificándose en planes de estudio genéricos y abstractos inducidos por organismos internacionales con visiones empresariales muy ajenas a las realidades y necesidades de los contextos locales de los alumnos.

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Afortunadamente los nuevos planes de estudio de educación básica que se aplicarán a partir de este 2023 están orientados más a los contextos locales y en la formación de comunidad, pero implican, necesariamente hablar de sus contextos y sus problemáticas, discutir y reflexionar su formación y trascender las aulas para integrarse en la vida de sus comunidades y sus problemas, formarse en la práctica para construir su propia realidad y su propia cultura, lo cual representa una buena oportunidad para cimentar una perspectiva diferente de la vida desde temprana edad, sin embargo, la definición y voluntad de la autoridad gubernamental será determinante para formar una nueva cultura de relación social y de respeto por la ley, por la autoridad y por la vida, o para que el nuevo plan pase simplemente a ser un plan de estudio más que ignora los signos avasallantes de la realidad contextual –como la mayoría de los anteriores– y que de pronto nos sorprende con actos inusitados e impensables de violencia.

¿Hablar o callar la otra realidad? ¿Abrir y alentar, la reflexión, la discusión y la participación democrática en las instituciones de educación superior, sobre sus propios procesos formativos y la relación con sus contextos, sobre todas sus realidades, o mantenerlas atentas y obedientes a las decisiones verticales de sus autoridades centrales, añorando el premio por el silencio y persiguiendo indicadores de “competencias profesionales” para obtener certificaciones vacías de contexto y de realidades locales? ¿Hablar o callar?

Las opiniones expresadas aquí son responsabilidad del autor y no necesariamente reflejan la línea editorial de ESPEJO.

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